Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Ante el clima social y político que se enmarca en el proceso electoral que inició para renovar la Gubernatura del Estado en 2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) advirtió condiciones de riesgo para personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el libre ejercicio de las actividades de este importante sector social, así como la libertad de manifestación de los distintos grupos y organizaciones.

De la misma forma, solicitó a las agrupaciones, sindicatos y gremios, priorizar el equilibrio de derechos, ya que todas aquellas manifestaciones de inconformidad que menoscaban las garantías de la ciudadanía, pierden legitimidad y respaldo.

La Defensoría informó que, entre enero de 2018 y septiembre de 2021, inició 61 expedientes, entre quejas y cuadernos de antecedentes, por agresiones a personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, se pronunció por fortalecer las capacidades de respuesta institucional para la protección de personas defensoras y activistas de derechos humanos, lo que implica generar condiciones para un ejercicio seguro de sus actividades y garantizar el derecho a la justicia para quienes han sido víctimas de agresiones.

Y es que, a más de un año del homicidio del activista y dirigente regional del Frente Popular Revolucionario, Tomás Martínez Pinacho, así como de los cometidos contra el ambientalista Eugui Roy Martínez y el defensor de tierra y territorio, Fidel Heras; la Defensoría hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia para esclarecer a la brevedad estos casos.

Lo anterior, mediante una investigación exhaustiva, que incluya la posible relación con su labor de defensa de los derechos humanos y permita llevar a los responsables ante la justicia.

Para la DDHPO, el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales, así como las de sus propias familias implica, además de conocer la verdad de los hechos, la sanción a los responsables, la atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.

Los activistas y defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados, además de poner en la agenda pública las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y con ello, dirigir o redirigir las políticas públicas para una atención integral, sostuvo.

En este sentido, el organismo autónomo reiteró que las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas y/o comunidades a las cuales acompañan en sus distintas luchas.

Frente a un contexto electoral es fundamental la protección de las personas defensoras, activistas y luchadores sociales, además de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de un hecho delictivo, con el fin de acabar con la impunidad, como un elemento fundamental para detener la violencia contra estos grupos, subrayó.