De acuerdo al diplomático hondureño, unos 75 mil de sus paisanos emigran cada año hacia Estados Unidos y en su paso obligado por México casi el 15 por ciento de ese total serían sujetos de diversas violaciones a su integridad y sus derechos individuales y humanos.
Al concluir su visita de tres días a México, Rivera aseguró que según la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, cada año en territorio nacional se registran unos 25 mil secuestros de migrantes, de los cuales 10 mil, es decir, el 40 por ciento, sería en contra de hondureños.
Detalló que se han detectado exigencias de rescate que van de los 100 hasta los 3 mil dólares, y los criminales, una vez contactadas las familias de los secuestrados, utilizan diversas empresas de envíos de remesas o instituciones financieras para recibir el dinero, dijo.
El vicecanciller de Honduras subrayó que, de acuerdo a estas cifras, es probable que en promedio unos 30 hondureños sean secuestrados a diario en México, a su paso a Estados Unidos.
Las autoridades de su país tienen conocimiento de que algunos de los hondureños secuestrados son obligados a enrolarse en las filas del crimen organizado, a cambio de su supuesta libertad, pero en muchos otros casos sólo son el vehículo para que esas bandas delictivas se alleguen recursos económicos a través de los pagos que realizan las familias por los rescates, agregó.
Frente a esta realidad, dijo que el Grupo de Alto Nivel bilateral trabajará en cinco áreas básicas, que incluyen campañas para informar a los migrantes sobre los riesgos que pueden al pasar por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos, la habilitación de números gratuitos para denunciar delitos, y trabajar junto con instituciones financieras para detectar pagos de rescate.
Tras las reuniones que sostuvo con diversos funcionarios mexicanos, Rivera dijo que solicitó que las operaciones para detectar y detener indocumentados se realicen durante el día, debido a que migrantes le han comentado que “cuando se hacen por las noches no tienen manera de saber si es una acción oficial o un ataque del crimen organizado”.
En el acuerdo bilateral firmado entre México y Honduras, y que iniciará sus trabajos la segunda quincena de enero próximo, se acordó también incentivar la participación de las Comisiones de Derechos Humanos, e intensificar el intercambio de información en materia financiera para inhibir la acción de los grupos criminales.
Ambos gobiernos acordaron también crear un Protocolo de Acción entre las cancillerías de ambos países, a fin de abordar y dar seguimiento al tema de la migración, y se convino, de igual forma, explorar las posibilidades de sumar a este proyecto a otras naciones de la región.
En un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Procuraduría General de la República (PGR), se dejó en claro que el vicecanciller Rivera “reconoció los esfuerzos que el gobierno de México realiza en su lucha contra la delincuencia organizada, la cual representa la principal amenaza para la seguridad de los países de la región, incluyendo a los migrantes”.
Con respecto a los hechos ocurridos recientemente en el estado de Oaxaca, añade el texto, “el vicecanciller hondureño coincidió con las autoridades mexicanas en la importancia de esperar a que las investigaciones concluyan, para definir las acciones a seguir”.
El Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con otras autoridades competentes, reitera su compromiso de que los operativos para el aseguramiento de migrantes indocumentados, en particular los ferroviarios, se realicen salvaguardando los derechos humanos de los migrantes y brindando todas las condiciones posibles para garantizar su seguridad.
