Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Tres personas fueron vinculadas a proceso por el delito de transporte de migrantes, una más por violación a la Ley de Amparo y otra por delitos contra la biodiversidad, así como una persona fue sentenciada por portación de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca.

En el primer caso, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FGR obtuvo del Juzgado de Control auto de vinculación a proceso contra tres personas, por el delito de transporte de migrantes por el territorio nacional, con el fin de obtener directa o indirectamente un lucro y evadir la revisión migratoria.

El pasado 09 de abril, elementos de la Policía Estatal detuvieron a tres personas sobre la carretera 185, tramo Tehuantepec-Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, cuando transportaban a bordo de un vehículo con placas de circulación del Estado de México a cinco personas provenientes de Nicaragua, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

El MPF aportó los datos de prueba que permitieron obtener del Juzgado de Control el auto de vinculación a proceso en contra de las personas detenidas por dicho delito; asimismo se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el segundo caso, el MPF de la FGR en Oaxaca obtuvo del Juzgado de Control, en procedimiento abreviado, sentencia en contra de una persona por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, por dos años de prisión y multa de cinco mil 975 pesos 96 centavos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, detuvieron a una persona sobre la calle Acapulco, en el barrio Santa Rosa de dicho municipio de la región del Istmo, cuando portaba un arma de fuego tipo revolver, sin contar con el permiso correspondiente.

Por estos hechos, el MPF integró la carpeta de investigación correspondiente y determinó su judicialización ante el Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, quien mediante el mecanismo de forma anticipada de terminación del proceso, dictó la sentencia de referencia.

El MPF de la FGR en Oaxaca obtuvo este 12 de abril auto de vinculación a proceso en contra de una persona por el delito de señalar hechos falsos en una demanda de amparo, previsto y sancionado en la Ley de Amparo.

Lo anterior, derivado de que la imputada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, al promover un amparo ante un Juzgado de Distrito en Oaxaca, donde bajo protesta de decir verdad, afirmó hechos falsos al decir que nunca había sido emplazada a un Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en su contra, ante el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca y omitió los que le constaban en relación con el acto reclamado con el objeto de obtener una ventaja procesal indebida.

Bajo esas circunstancias, el MPF recabo los datos de prueba necesarios para solicitar audiencia inicial en su contra ante el Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal, quien dictó auto de vinculación a proceso por dicho delito, fijándose un plazo de un mes para concluir la investigación complementaria.

En el tercer caso, el MPF de la FGR en Oaxaca obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de una persona por la comisión de un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de productos de una especie de fauna silvestre acuática (carne y aletas de tortuga golfina-marina) por ser una especie protegida.

Lo anterior, toda vez que elementos de la Policía Estatal detuvieron al imputado sobre la calle “Alejandro Cárdenas Peralta”, colonia Brisas de Zicatela, Puerto Escondido, en la región de la Costa, cuando poseía en una cubeta con carne, que según dictamen pericial en materia de vida silvestre resulto ser de tortuga marina golfina, con un peso total de ocho kilogramos.

Por lo anterior, el MPF aportó los datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso en contra del detenido por dicho delito. El imputado solicitó la suspensión condicional del proceso, mismo que fue autorizado por el Juzgado de Control, quien le impuso las condiciones de realizar trabajo social en el Centro Tortuguero de Mazunte por cuatro horas cada mes, durante seis meses, así como residir en su domicilio y ofrecer una disculpa pública.