El número de víctimas de ese delito asciende a 95.121. Un comité de la ONU de derechos humanos pide al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas* denunció este martes que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que considera perpetrador central de las desapariciones. 

Durante la presentación de su informe sobre la vista que realizaron del 15 al 26 de noviembre de 2021, el órgano de expertos independientes instó a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir esta tragedia humana.

“El Comité urge al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas en su informe por el Comité”, destacó su presidenta, Carmen Roda Villa Quintana.

El análisis del Comité concluye que las desapariciones forzadas son “una situación o cuestión generalizada” e indicó que a 26 de noviembre el número de personas registradas que fueron víctimas de ese delito ascendía a 95.121, 112 de ellas durante la visita del Comité.

“Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98% del total desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, acotó.

Roda indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años, aunque se advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, aunque también se debe incluir a los adolescentes y a las mujeres.

La experta añadió que “se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”.

También mostró su preocupación por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre el 2003 y el 2021, ya que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.

Del mismo modo, el Comité consideró de “particular preocupación” la victimización de las mujeres ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.

“Además de los efectos sociales y económicos, son también víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”, añadió.