* Presentan “Modelo de Desarrollo Inclusivo”
Ciudad de México.- La expedición de la Ley General de Seguridad Privada por el Congreso de la Unión, contribuiría a dignificar y dar certeza al trabajo de más de 800 mil personas y sus familias que laboran en nuestra industria, expresó Armando Zúñiga Salinas, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), a José Medina Mora Icaza, titular de la Coparmex nacional, a quien agradeció su respaldo para impulsar la demanda del sector.
En días anteriores, la Coparmex nacional hizo un llamado al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, y a la fecha suma un retraso de más de seis meses.
Zúñiga Salinas agradeció también a la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “estoy seguro que muy pronto, con su apoyo, vamos a poder discutir y en su momento aprobar la tan anhelada Ley General de Seguridad Privada”.
La importancia de la Ley implica regular a las empresas de seguridad privada en tres aspectos esenciales: La homologación de un permiso único, con el objetivo de crear un Registro Nacional de empresas que prestan el servicio en uno o varios Estados, así como uniformar los requisitos en los distintos ámbitos de Gobierno, que actualmente suman más de 100 diferentes
Asimismo, establecer claramente la distribución de competencias entre Federación, Estados y municipios, y establecer diferentes niveles de sanciones tanto para las empresas como para los usuarios que contraten empresas que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.
A su vez, Medina Mora Icaza dio a conocer a los miembros de Asume su propuesta del Modelo de Desarrollo Inclusivo para el país, impulsada desde la empresa como punto generador, cuyos principales ejes son el respeto a la dignidad humana, la libre competencia, un régimen democrático y de derecho y la acción subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del Gobierno.
La propuesta de “un México donde todos quepamos” está compuesta por 20 puntos como la libertad de emprender, invertir, competir e intercambiar bienes y servicios lícitos dentro de un marco legal y ético; el respeto a los derechos humanos, igualdad ante la Ley y fomento de la equidad, inclusión y la diversidad; el respeto a los derechos de propiedad privada de todo tipo de bienes.
Expuso otros puntos como el respeto a la libertad de expresión; un sistema político democrático, de derecho, con instituciones independientes, así como leyes y reglas claras, estables y que se cumplan; al igual que gobiernos e instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas y, como piedra fundamental, una seguridad pública garante de los derechos de las personas, de la convivencia social y de la actividad económica.
Otros puntos esenciales son el combate a la corrupción e impunidad; el respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante todos sus grupos involucrados y relacionados, tales como sus colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidad y Gobierno.
Así como el acceso para todos a la conectividad digital como base permanente para el desarrollo personal y la cohesión social, y políticas públicas que promuevan el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, la actividad económica sostenible y que sancionen a empresas, personas y gobiernos que lo impactan negativamente.
Durante su exposición de la seguridad privada a los empresarios, Medina Mora Icaza les expresó que las bases para el Desarrollo Inclusivo son una educación de calidad, actualizada y accesible a todos como base permanente para el desarrollo humano, económico y social; además de políticas públicas que promuevan acciones solidarias en beneficio de la población en condiciones vulnerables que contribuyan a superar sus carencias y a asegurarle una vida digna, basadas en reglas claras, focalizadas y transparentes.
También son puntos importantes en este modelo las políticas económicas y fiscales que propicien el ahorro, incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, formalidad y desarrollo socio-económico incluyente.
Además de un sistema tributario justo y equitativo en el que todos aporten en función de su capacidad económica; como también condiciones que incentiven la inversión nacional y extranjera que generen la creación, desarrollo y permanencia de empresas y otras formas de asociación o colaboración productiva.
Medina Mora Icaza expresó dentro de su propuesta de Desarrollo Inclusivo el impulso, inversión e incentivos a emprendedores, empresas y universidades para realizar trabajos de investigación y desarrollo cultural, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad, así como impulso al desarrollo regional, económico y social con políticas y apoyos de los sectores público, privado y social que propicien el progreso, la movilidad y el arraigo de la población y el impedimento y sanción a las prácticas monopólicas y oligopólicas públicas y privadas que afecten negativamente el mercado y a la sociedad.
