* Con la ratificación de la Cámara Alta, los 32 Congresos locales se verán obligados a modificar su Código Penal Estatal para que este delito sea imprescriptible en todo el país: Cruz Mendoza

* Las menores que viven en las regiones con los índices más altos de pobreza extrema se ven mayormente afectados por el matrimonio infantil

* Pide diputado priista a la SEP dar mantenimiento a escuelas públicas

Ciudad de México.- La diputada federal, Eufrosina Cruz Mendoza, exigió a los integrantes del Senado de la República, ratificar la Iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados que reforma al Código Penal Federal para castigar penalmente a quienes incidan en los matrimonios forzados y establecer medidas de protección que prevengan la venta de niñas para matrimonios infantiles.

“Si las niñas y los niños son nuestra prioridad quiero ver en el orden del día el Dictamen”, subrayó la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) al urgir a los senadores a poner el Dictamen como tema prioritario en el inicio del periodo.

En entrevista, destacó que con la ratificación de la Cámara alta, los Congresos locales de las 32 entidades federativas se verán obligados a modificar sus Códigos Penales Estatales para que el delito de los matrimonios forzados sea imprescriptible en todo el país y se castigue con penas privativas de libertad que podrían alcanzar 18 años de cárcel.

Señaló que de acuerdo con la información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, todavía persiste en nuestra nación la venta de menores y se registran más de un millón de matrimonios forzados por diversas causas como el intercambio de niñas por especies animales, embarazos no deseados o por intereses de los propios padres, entre otras circunstancias.

En ese sentido, la legisladora detalló que las niñas y adolescentes que viven en las regiones donde se ubican los índices más altos de pobreza extrema, como los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se ven mayormente afectadas por el matrimonio infantil.

Por ello, Cruz Mendoza invitó a visibilizar la problemática al destacar que se debe proteger a la infancia con estas reformas.

El Dictamen aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 474 votos a favor y cero abstenciones, reforma el Artículo 205 bis y agrega el capítulo IX al Código Penal Federal.

* Pide diputado priista a la SEP dar mantenimiento a escuelas públicas

Por otra parte, el diputado federal, Lázaro Jiménez Aquino, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) informar en qué condiciones se encuentran los planteles educativos y darles rehabilitación y mantenimiento a las escuelas públicas que lo requieran.

Ante la Comisión Permanente, el legislador de GPPRI señaló que, de cara al regreso a clases del ciclo escolar 2022-2023, se deben garantizar las condiciones mínimas indispensables para impartir una educación de calidad.

A través de un Punto de Acuerdo, destacó que en las escuelas resulta indispensable que se revisen a detalle y en su totalidad, las condiciones de infraestructura, y en su caso, se atiendan las deficiencias e irregularidades que se lleguen a detectar.

En ese sentido, explicó que, derivado de la pandemia por Covid-19, en el país existe una gran cantidad de planteles educativos que, por abandono no cuentan con los requisitos mínimos de mantenimiento de infraestructura, protección civil, seguridad pública, alumbrado, sanitarios, entre otros, para poder brindar las condiciones indispensables que permitan recibir dignamente a la planta docente, administrativa, al alumnado, familiares y toda la comunidad escolar.

Por ello, el diputado federal insistió que el derecho de las personas a una educación de calidad, es la piedra angular para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y de la participación democrática de un país.

Luego de señalar que “una sociedad con buenos logros educativos, y extendidos hacia el grueso de su población, tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos”, Jiménez Aquino recalcó que el GPPRI realizará todas las acciones necesarias para maximizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los integrantes de la comunidad escolar.