Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), junto con el Instituto Auschwitz y la firma White & Case, coorganizó la reunión anual de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, en su décimo aniversario. En el evento los días 26 y 27 de octubre participaron autoridades de diez países, así como organizaciones de la sociedad civil de la región.
La Red Latinoamericana es un foro informal de diálogo compuesto por Estados de la región, que tiene como propósito ofrecer un espacio para desarrollar iniciativas nacionales y regionales enfocadas en la prevención del genocidio y atrocidades masivas.
Tibi Galis, director ejecutivo del Instituto Auschwitz, destacó la labor realizada por la Red Latinoamericana en estos diez años de existencia, en los cuales se han tratado temas como memoria, verdad y justicia; prevención de la discriminación; protección de grupos en situación de vulnerabilidad; derechos de las personas LGTBIQ+ y personas migrantes y refugiadas.
Este año, la reunión se concentró en segmentos de trabajo y diálogo enfocados en los principios de derechos humanos y empresas, así como en los criterios ambientales, sociales y de Gobierno del sector corporativo.
En ese sentido, México presentó los esfuerzos llevados a cabo para combatir el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos.
Se señaló que la alta disponibilidad de armas de fuego en la región, derivada de la falta de la debida diligencia de las empresas de armas, aunado a otros elementos como discursos de odio, podrían ser factores de riesgo para la comisión de atrocidades en América Latina y el Caribe.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, compartió las acciones emprendidas por el Gobierno de México para visibilizar la responsabilidad de las empresas de armas, como la reciente audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 185 periodo ordinario de sesiones.
Asimismo, Celorio hizo una invitación tanto a los países representados en la reunión como a las organizaciones de la sociedad civil, y a la propia Red Latinoamericana, a continuar con el análisis de la responsabilidad de las empresas en el respeto y disfrute de los derechos humanos en la región.
