* Destacan la inclusión en el nuevo Código Civil de la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición

Ciudad de México.- Durante el Foro “Personalidad jurídica y declaración especial de ausencia por desaparición, a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, en el Senado de la República se expusieron los avances para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familias.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay más de 110 mil personas en esta situación en el país.

A fin de atender esta realidad, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se estableció que la resolución que dicte la autoridad jurisdiccional deberá incluir las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y a sus familias, puntualizó la legisladora.

Detalló que esto no implica la obligación de continuar con el trámite de presunción de muerte de la declaración especial de ausencia por desaparición. Con esta medida, se protegerán los derechos de las personas desaparecidas con el propósito de mantener íntegra la personalidad jurídica de sus derechos patrimoniales, agregó.

“Tengan ustedes la seguridad de que en el Senado de la República, como lo hemos hecho hasta hoy, trabajamos no solamente para facilitar los procedimientos relacionados con la protección y salvaguarda de los derechos civiles y humanos, sino de cualquier expedición o reforma de leyes que se requiera”, subrayó la senadora.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, indicó que la incorporación de la declaración especial de ausencia o desaparición en el Código Nacional permite afianzar las formas de solución a este fenómeno, dar voz a las víctimas, así como brindar seguridad jurídica a las familias.

Con este Código Nacional de aplicación general en todo el país, dijo, se estandarizan procesos, con un enfoque progresivo y se da certeza a quienes cargan tan profundo dolor como lo es una pérdida, “por lo que en el Senado continuaremos trabajando y fomentaremos espacios de diálogo para proponer ordenamientos que blinden al Estado de Derecho y se construyan entornos de paz social”.

Espino de la Peña precisó que, para salvaguardar la parte legal, desde finales de 2017 se encuentra prevista la declaración especial de ausencia en la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Esta figura implica proteger a alguien que no es localizado mediante un juicio civil en su personalidad jurídica y sus intereses, además se otorgan medidas apropiadas que amparen a sus seres queridos.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que la declaración especial de ausencia por desaparición es probablemente la pieza legislativa más importante del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares, por su significado y alcance.

Eso no hubiera sido posible, sin el impulso procesal de los familiares de las víctimas, ya que insistieron y tocaron puertas en un trabajo que a veces es difícil, solitario y desesperado, mencionó el legislador del Grupo Plural.

Sin embargo, señaló que el alcance del proceso requerirá primero de un ejercicio de apropiación y conocimiento, ya que la aplicación de una Ley no es de autocumplimiento.

En ese sentido, dijo que es necesario convencer y exigir a los jueces de la aplicación de la Ley en una “magistratura de persuasión”, así como dar mayor visibilidad y participación de las víctimas y los colectivos.

En tanto, Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, confió en que estas medidas contribuirán a generar tranquilidad para las familias de México; “cuenten con que en la Cámara de Diputados estaremos muy atentos a que esto sea librado de la mejor forma”.

Durante el encuentro, el cual continuará este martes con un taller, también participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, y de la academia, así como operadoras y operadores de justicia, y profesionales del derecho.