* Su atención requiere no solo voluntad política, sino una transformación estructural en la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara este tipo de violencias
Ciudad de México.- Clemente Castañeda Hoeflich y Alejandra Barrales Magdaleno, coordinador y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, solicitaron a las instituciones federales y estatales que fortalezcan de manera urgente las acciones de prevención, investigación, sanción y atención integral del abuso sexual infantil en México.
En una proposición con Punto de Acuerdo presentada ante el Senado, los legisladores advirtieron que aunque el orden jurídico mexicano reconoce y protege de manera amplia los derechos de la niñez frente a toda forma de violencia, existe una brecha significativa entre la norma y su aplicación efectiva.
Según datos oficiales, en el año 2021 se registraron más de 22 mil víctimas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a más de 60 casos diarios.
Además, en el año 2022 se iniciaron más de 16 mil carpetas de investigación por abuso sexual y más de ocho mil por violación en contra de niñas y adolescentes.
Advirtieron que el abuso sexual infantil en México no responde a una sola causa, sino a un entramado de fallas estructurales, institucionales y socioculturales que dificultan su prevención, detección, sanción y erradicación.
“Su atención requiere no solo voluntad política, sino una transformación estructural en la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara este tipo de violencias”, subrayaron.
“Es por eso que Movimiento Ciudadano ha puesto al centro de sus causas y de su agenda una idea sencilla, pero que contiene un amplio significado de justicia intergeneracional: por el bien de México, primero las niños y los niños”.
El Punto de Acuerdo propone exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las y los 32 gobernadores a fortalecer de manera coordinada la política nacional de prevención del abuso sexual infantil, incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional y evaluación de resultados.
De igual manera, busca exhortar a la Fiscalía General de la República y sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que refuercen la investigación de delitos sexuales contra menores, implementen protocolos homologados y garanticen procesos libres de revictimización.
Por último, se pide a la Secretaría de Educación Pública implementar programas obligatorios de prevención, detección temprana y educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos; a la Secretaría de Salud garantizar la atención psicológica especializada, gratuita y oportuna a víctimas de abuso sexual infantil; y, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzar las estrategias de combate a los delitos sexuales, particularmente en entornos digitales.
