Reducen matricula y elevan costos

Rosendo Ramírez Sánchez

Contraviniendo un principio constitucional consagrado en el artículo tercero de nuestra Carta Magna  o  Ley Suprema, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:  “Todo individuo tiene derecho a recibir educación.

El Estado – Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades de ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Las fracciones primera, segunda y cuarta establecen los siguientes criterios: I.- “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina  religiosa; II.- El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. IV.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”

Y la fracción séptima en cuanto a las universidades  establece: “Las universidades y las demás instituciones  de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas ; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 constitucional, en los términos y con las modalidades que establezcan la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.

Resumiendo, debemos entender con ello que la educación pública debe de ser gratuita, laica y que el Estado tiene la obligación de otorgar los recursos necesarios para el desarrollo de la educación en los términos plasmados en nuestra Constitución, es decir, la UNESCO recomienda que para países en vías de desarrollo como el nuestro deben de destinar sus gobernantes el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en nuestro país se destina menos del 4% en la educación y de acuerdo con el modelo neoliberal impuesto por la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo se pretende privatizar la educación y para ello se le imponen a través de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) modelos de desarrollo a las instituciones públicas de educación superior que consisten fundamentalmente en reducir la matricula y elevar el costo de los servicios educativos, como son: Las fichas, inscripciones, exámenes, certificados, diplomas, etc.

Es por ello que la administración universitaria que encabeza RAFAEL TORRES VALDEZ, para poder llegar a la rectoría de la Universidad, tuvo que contar con el visto bueno del gobierno y en consecuencia al deberle el favor al gobierno tiene que acatar al igual que otros integrantes de su administración las políticas del gobierno en materia de educación y aceptar sumisamente las indicaciones de este.

Al grado de que el rector y sus incondicionales se exhibieron con el candidato del PRI en el proceso electoral pasado, Eviel Pérez Magaña incluso acarreándole a estudiantes, que estuvieron en diferentes eventos a cambio de una calificación.

La actitud de sumisión al gobierno y a la ANUIES del rector  ha dado como consecuencia, dicen ellos que para poder ser una Universidad de excelencia es preciso que se redujera la matricula de más de 40,000 a 26,000 estudiantes, quedándose muchos aspirantes sin ingresar a la Universidad.

Además de las cuotas que no se dice cuanto ingresa en la página de “transparencia” de la UABJO, pero se rumora que hay quienes por ingresar a la Institución han tenido que pagar grandes cantidades de dinero.

Esto demuestra dos cosas, la primera que quienes hoy están a cargo de la Universidad son cómplices de la privatización a la que quieren encaminar a la UABJO, para que deje de ser una institución pública.

La segunda es que en el pasado los hoy administradores se reivindicaban defensores de la Universidad Pública y que pretendían que la Universidad fuera una Universidad Democrática, Crítica, Científica,  y Popular en la que pudieran tener acceso los hijos de campesinos y de los obreros, pero hoy que están en el poder ya ni se acuerdan por lo que lucharon en el pasado, pues dicen que actualmente hay facultades que hasta certificadas están, cuando en vez de erradicar el porrismo y la corrupción lo fomentan y financian

Y la obligación del Estado donde quedó y la exigencia y gestoría de la administración universitaria ante el gobierno federal y estatal para que estos cumplan con la obligación de dar recursos quien la ha hecho o solo el rector se la pasa viajando con el recurso de la Universidad, porque no es posible que sigamos siendo una de las últimas Universidades del País y que esta tenga un gasto de $ 11,000.00 por alumno al año, cuando en la UNAM se destinan más de $ 25,000.00 por alumno y en algunas Universidades del norte más de $ 50,000,00 por alumno.

¿Acaso se pretende que los ingresos como en el pasado sirvan para que se negocie con la necesidad de aquellos que pretenden ingresar?