El presidente de la República, Felipe Calderón debe suspender la entrada en vigor del acuerdo que impide la venta de antibióticos sin receta, hasta en tanto no se haga una evaluación del mismo, señalo el diputado federal priista, Jorge Ramírez Marín, ante su entrada en vigor el próximo 25 de agosto con el fin de evitar las “resistencias bacterianas que la automedicación puede provocar”.
En Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Chiapas y el Estado de México se cuenta con un médico por cada mil habitantes, por lo que en promedio en el país existen 1.85 por cada mil habitantes, cuando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tres galenos por cada mil, agregó.
Diversos médicos han manifestado su preocupación en términos del impacto social que esta medida atraerá, dijo, ya que no se ha tomado en cuenta que el 50 por ciento de la población médica del país está concentrada en seis entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Nuevo León.
Ramírez Marín expresó que en México existen 1.85 médicos por cada mil habitantes, cuando la recomendación de la OMS es de tres por cada mil.
El Distrito Federal cuenta con tres médicos por cada mil habitantes, pero fuera de la ciudad capital de los estados de Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Chiapas y el Estado de México, se cuenta con menos de uno por cada mil.
Puntualizó que tres millones de hogares cada año sufren gastos catastróficos o gastos empobrecedores por la salud, por lo que son los que los empujan a cruzar la línea de pobreza.
De ahí, agregó, “la medida de carácter puramente restrictivo, no corresponde a una política de salud adecuada para un país que está en crisis política, económica y social. ¿Qué va hacer la población del resto de la república, sobre todo, la población rural, que no tiene posibilidades de acudir a un médico para que le expida la receta?”.
El diputado yucateco expresó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, más de 43 millones de mexicanos, que representan más del 40 por ciento de la población total, no tienen afiliación al sistema de seguridad social.
Mientras que el Seguro Popular no ofrece cobertura para el 60 por ciento de la población abierta, ni tiene capacidad presupuestaria para proporcionar los medicamentos, ni siquiera las recetas que exigirán las farmacias para entregarles el antibiótico.
Desde que se liberaron los precios de los medicamentos, manifestó, éstos se han incrementado muy por encima de la inflación; por otra parte, la atención hospitalaria se ha venido concentrando en un duopolio que infla en cinco veces por arriba de su costo real los servicios de atención en salud privada, sin ningún control del Estado.
Por ello, a través de un punto de acuerdo que analiza la Segunda Comisión de la Permanente pide suspender la entrada en vigor del Acuerdo, mientras no se haga la evaluación pertinente.
Jorge Ramírez enfatizó que “una decisión de esta naturaleza plantea un reto de cálculo y planeación a la responsabilidad del Estado en función de su propia realidad”.
