México DF.- Su total repudio e indignación por el crimen cometido contra las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros, y Rocío González Trápaga, asesinadas de manera vil y cobarde entre la noche de este 31 de agosto y la madrugada de hoy jueves primero de septiembre de acuerdo con la Revista Contralínea, en la que Ana María era colaboradora.

La condena la expresó la Presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien agregó que:

Resulta preocupante que este tipo de sucesos sigan ocurriendo en un país que se precia de ser “respetuoso de la libertad de expresión”; pero que en los hechos figura como “más peligroso de las Américas para ejercer el periodismo” con más de 70 comunicadores asesinados en lo que va del actual sexenio, sin incluir los que permanecen en calidad de “desaparecidos” y la veintena de atentados contra sus casas editoriales.

Para el PRD, la libertad de expresión y la actividad periodística, resultan primordiales en la construcción de una democracia participativa, porque sólo a partir de una sociedad bien informada y medios de comunicación abiertos al escrutinio, basados en la pluralidad, se puede lograr un Estado fuerte y apegado a derecho.

Sin embargo, lo cierto es que la libertad de prensa en lugar de ser garantizada, es acallada mediante el uso de la violencia y la presión del crimen organizado e incluso autoridades federales y locales que reprenden contra los comunicadores carentes de elementos de protección para ejercer su actividad tan fundamental para nuestro país.

Marcela Yarce, reportera y encargada de relaciones públicas de la revista Contralínea; ya había sido objeto desde septiembre de 2009, del amparo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien resolvió que ella con Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza, y Nidia Egremy Pinto, así como otros integrantes de dicha publicación, fueron víctimas de acoso judicial y otras irregularidades.

Por lo cual emitió su Recomendación 57/2009, dirigida al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, y al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel.

En tanto que Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, ejercía el periodismo de manera independiente.

Hoy, con el crimen contra estas dos comunicadoras, el país da cuenta de que la violencia contra la prensa mexicana continúa escalando a niveles insostenibles.

El Partido de la Revolución Democrática exige no más impunidad, y más acciones. Que se dé con los responsables de este artero asesinato y se trabaje ya en medidas de protección hacia quienes ejercen esta ya peligrosa actividad. Nos solidarizamos con la familia, amigos y compañeros de estas dos comunicadoras mexicanas.