México DF.- La inmediata suspensión de actividades a la empresa Mimosa de la mina 7 de carbón y la adopción de medidas para el rescate de los mineros atrapados, la atención victimológica a los agraviados y la comprobación del cumplimiento de las normas de seguridad correspondiente, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, solicitó al gobierno de Coahuila y a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía la aplicación de medidas cautelares, para garantizar la vida y preservar los derechos de los trabajadores atrapados por el derrumbe de la mina de carbón 7 la Mimosa, de Altos Hornos de México S.A, ubicada en el municipio de Progreso, Coahuila.

A las secretarías de Estado se les solicitó verificar si la mina cumplía con las normas de seguridad e higiene que marca la ley.
Por lo que hace al gobierno estatal, la CNDH, pidió se adopten las medidas necesarias para el rescate de los mineros atrapados y que se brinde atención victimológica a los demás agraviados.

También que instruya a la autoridad encargada de protección civil en el Estado, a fin de que se suspendan de inmediato las actividades de la mina en tanto la autoridad respectiva investiga los hechos y se comprueba el cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes.

El Ombudsman nacional instruyó a personal de este Organismo nacional, trasladarse al lugar de los hechos para verificar que se proceda al rescate de los mineros e indagar las posibles violaciones a los derechos humanos.

El Organismo nacional, que inició también una queja de oficio para que se investigue el accidente; reiteró que es fundamental que se vigile el estricto acatamiento de las normas de seguridad en todas las minas del país y se mejoren las condiciones de quienes laboran en esos lugares.

Se dará seguimiento a las acciones para el rescate de los mineros, se recogerán testimonios, se solicitará información a las diversas autoridades con el propósito de analizar y valorar las evidencias y determinar, en su momento, lo que conforme a derecho corresponda.

Para la CNDH, en términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante recordar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en caso de que se vulneren, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos en los términos que establezca la ley.