* El relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, analizan políticas y acuerdos
* Capacitación para la aplicación del Protocolo de Estambul a Procuradurías y Fiscalías de todo el país
* INACIPE a cargo de capacitación
México, DF.- El relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, analizaron hoy aquí las políticas y acuerdos para la salvaguarda de los derechos humanos de los probables responsables de delitos del orden federal.
Durante la reunión en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Murillo Karam explicó que junto con Amnistía Internacional y con el apoyo de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de Tortura, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) aplicará un nuevo programa de capacitación al personal médico y psicológico, acorde a lo que establece el Protocolo de Estambul.
Ante el representante del Secretariado del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, Bruno Vieira Duarte y de los relatores, María Leoni Zardo y Steophanie Segl, indicó que la capacitación se realizará conforme a los estándares internacionales de la materia y se hará extensivo a Procuradurías y Fiscalías de todo el país.
Señaló que se tiene una valoración cuantitativa y cualitativa que permite transparentar la información y dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en el combate a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
El procurador agregó que los agentes del Ministerio Público de la Federación han sido instruidos para que en el momento en que un Juez de Distrito haga de su conocimiento hechos que presuman la existencia del delito de tortura se inicien las investigaciones correspondientes.
Estuvieron presentes Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales; Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal; e Eliana García Lagunas, directora General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Por su parte, Benítez Tiburcio se refirió a la figura del arraigo que está limitada, dijo, para casos de delincuencia organizada y regulada como una medida cautelar excepcional, ya que se trata, de cumplir con tres preceptos: proteger la vida y bienes de las personas; el éxito de la investigación y asegurar que no se fugue el indiciado.
A su vez, el relator Especial de la ONU, Juan Méndez, reconoció el esfuerzo de la PGR, en la aplicación del Protocolo de Estambul, así como la apertura y voluntad de informar sin restricciones.
