El 21 de septiembre de 2011 los agraviados y otras tres personas circulaban en el vehículo por las inmediaciones del campo de futbol; el conductor hizo un alto para que bajaran los tres acompañantes.
En ese momento los uniformados rodearon la camioneta apuntando con sus armas de fuego a sus tripulantes; por lo que el conductor continuó circulando, pero al avanzar unos 15 metros, los policías efectuaron los disparos, impactando los proyectiles en las llantas y en la parte posterior del vehículo.
Al día siguiente, la propietaria del vehículo, quien durante el incidente no viajaba en la camioneta, fue llamada por teléfono por el presidente municipal, quien le señaló no estar de acuerdo con el comportamiento de los policías involucrados; le aseguró que serían sancionados y prometió la reparación del daño de su vehículo; nada de esto sucedió.
La agraviada acudió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, que luego de investigar el caso emitió su Recomendación 96/2012, que no fue aceptada por la autoridad municipal.
La víctima presentó recurso de impugnación, el cual se recibió en esta Comisión Nacional el 21 de diciembre de 2012; concluida su investigación, la CNDH confirmó que no existió justificación alguna para que los policías disparasen sus armas, ya que no lo realizaron en defensa propia o de otros.
Este Organismo público autónomo encontró elementos que permitieron observar la violación a los derechos humanos a la propiedad, en el caso de la dueña del vehículo, y al trato digno, a la legalidad e integridad y seguridad personal, en el de las personas que viajaban en el mismo.
Por ello, la CNDH recomendó a los integrantes de ese Ayuntamiento, reparar el daño a las víctimas y capacitar a todos los servidores públicos de la Policía Preventiva del municipio para que respeten los derechos humanos.
También se pide estrecha colaboración con la Comisión Nacional en la presentación de queja y denuncia de hechos, que éste Organismo formule ante la Contraloría Municipal y la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente.
