* Serapaz acusó a Gobierno de Manuel Velasco de traicionar un proceso de negociación
* Los ahora detenidos habían sido citados a dialogar con el secretario de Gobierno para encontrar una salida pacífica a sus demandas
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El gobierno de Manuel Velasco detuvo el jueves 28 de mayo a indígenas integrantes de diversas organizaciones y poblados de la Selva Lacandona, que demandaban la regularización de tres poblados, el respeto a la libre elección de sus autoridades comunales y la liberación de Gabriel Montoya, asesor jurídico de la comunidad lacandona.
Habían sido invitados a dialogar con el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar. Cuando los campesinos llegaban a las instalaciones de Palacio de Gobierno, en la capital de Chiapas, los habitantes de la selva fueron interceptados por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, quienes los llevaron en calidad de detenidos.
De manera extraoficial se informó que se les acusa de los delitos atentados contra la paz, motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, relacionados con las manifestaciones que mantienen desde el pasado 14 de mayo, en las carreteras que conducen a la selva, y en la cabecera municipal de Ocosingo.
De acuerdo con un comunicado de Maderas del Pueblo del Sureste, AC entre los detenidos se encuentra Vicente Jiménez Cruz y Mariano Toledo Vázquez, dirigentes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrático (ARIC-ID), la organización más importante en La Lacandona.
También, Emilio Bolóm Gómez, recientemente electo presidente de Bienes Comunales de la Zona Lacandona; Sebastián Jiménez Clara, representante de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, quienes llevan más de 20 años pidiendo la regularización de sus poblados ubicados en Montes Azules.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas también se llevaron detenido a Mario Ruiz, promotor y mediador comunitario de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quien acompañaba a los indígenas al proceso de diálogo al que habían sido citados en la sede del Poder Ejecutivo.
Los ahora detenidos mantuvieron durante dos semanas manifestaciones y bloqueos carreteros, para exigir que organizaciones ambientalistas, entre ellas Natura Mexicana, presidida por la ex titular de la Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, dejara de intervenir en la decisión de comunidades.
La intervención de Carabias se dio luego que la asamblea de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, aceptó la regularización de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, quienes viven en el interior de la Biósfera Montes Azules desde hace tres generaciones.
A esta determinación se opone la ex funcionaria, así como los gobiernos de Chiapas y federal. También se oponen que el presidente de Bienes Comunales sea Emilio Bolóm Gómez, un indígena que no es descendiente de las 66 familias lacandonas, con quienes Carabias y otras organizaciones mantienen acuerdos sobre el uso de los recursos naturales de la selva.
Carabias denunció que durante dos días, a inicio de abril, fue secuestrada por habitantes de la selva, a quienes acusa de afectar el ecosistema de la Lacandona.
* La detención, un acto de traición
Pablo Romo, en representación de Serapaz, acusó al gobierno de Chiapas de traicionar un proceso de negociación, en el que Mario Ruiz, integrante de esta organización, acompañaba a los campesinos en calidad de mediador.
“La detención de las 28 personas es una expresión clarísima de la insensibilidad del gobierno. La gente estaba acercándose con el gobierno para generar un proceso de discusión que diera salida a la demanda”, refirió.
Dijo que esta acción demuestra que el gobierno de Manuel Velasco es insensible a escuchar las necesidades de la población.
Mario Ruiz es conocido por su trabajo en la mediación comunitaria y la transformación positiva de conflictos sociales desde hace muchos años, primero desde su participación en CORECO, y actualmente desde Serapaz, ambas organizaciones fundadas por Don Samuel Ruiz García y reconocidas por su labor en la búsqueda justicia y la construcción de paz.
Serapaz exigió con carácter de urgencia la libertad inmediata de los integrantes de la comisión de negociación que asistía a la mesa con el gobierno del Estado, la instalación a la brevedad de una mesa federal orientada a resolver los distintos puntos de la agenda jurídica, agraria y ambiental.
“Sobre estas bases se podrá rehacer la ruta del diálogo, sin necesidad de mayores acciones de presión. Llamamos a la solidaridad y a mantenernos pendientes de esta delicada y riesgosa situación”, sostuvo Pablo Romo.
