México, DF., 28-nov-2014.- Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresan su más enérgica condena a la violencia, sin importar de dónde provenga, pues todos tenemos derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz.

En este sentido, ambas instituciones hacen un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden, lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación.

Las comisiones seguirán acompañando las manifestaciones públicas, y en tal sentido hacen un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de quienes en ellas participan, así como de las y los visitadores de estos organismos defensores de los derechos humanos, para que realicen su labor en términos de sus facultades y competencias.

Ambos organismos coinciden con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuanto a que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores, y que pongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan junto con sus organizaciones.

En relación con los profesionales de la información, como son las y los periodistas y camarógrafos que se encuentren realizando su labor en el marco de una manifestación pública, la CNDH y la CDHDF coinciden con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en que éstos no deben ser molestados, detenidos o trasladados, ni sufrir limitación alguna a sus derechos de ejercer su profesión.

Por el contrario, se les deben dar garantías impidiendo cualquier acción que intente obstruir su labor, como por ejemplo, evitar que sean secuestradas sus herramientas de trabajo.

Es necesario que la autoridad aplique protocolos de prevención en las manifestaciones, identifique a quienes incurran en actos de violencia y proceda conforme a Derecho, con respeto irrestricto a sus derechos humanos. No se puede permitir que la violencia desvirtúe el ejercicio legítimo a la protesta social pacífica.

Respecto de los acontecimientos del 20 de noviembre p asado, personal de ambos organismos acompañó de manera coordinada dicha movilización.

Hasta el momento, la CNDH ha recibido 44 quejas que están siendo investigadas, además de dar seguimiento a la situación de quienes se encuentran detenidos en los penales federales Femenil, número 4 de Tepic, Nayarit, y número 5 de Villa Aldama, Veracruz, a quienes se imputan los delitos de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, la CDHDF inició investigación de oficio, a la que se han acumulado 18 quejas más como aportación. En el marco de la investigación, se formularon tres solicitudes de medidas precautorias a la SSPDF, PGJDF, SG y STC. Además, se ha recabado el testimonio de 30 presuntas víctimas; se solicitaron los materiales de videograbación de las cámaras de seguridad de la ciudad y se remitieron seis quejas a la CNDH por razón de competencia.

Ambos organismos públicos refrendan su compromiso de vigilar y señalar abusos y violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad, y hacen un llamado a que se haga un uso diligente del derecho penal y que se respeten en todo momento las garantías judiciales que deben imperar en un Estado democrático.

Debemos recordar que el derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, por lo que debe realizarse en armonía con nuestra convivencia civilizada.

De igual manera, la CIDH ha señalado que si bien el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el compromiso, en todo momento, de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción, en especial durante la protesta social. Esa articulación de derechos y responsabilidades permite en último término, la consolidación del Estado democrático de Derecho.