Mediante oficio dirigido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, la CNDH señala que los familiares del agraviado presentaron la denuncia respectiva en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que dio origen al inicio de la investigación ministerial 17/2015.
Se añade que en razón de que la Comisión Nacional debe efectuar las acciones tendientes para el mejor conocimiento de un asunto, y en el caso ya se abrió el expediente, emitió medidas cautelares y brinda acompañamiento y asesoría a la familia, y que las autoridades involucradas deben colaborar en el ámbito de su competencia, se le solicita que ejerza la atracción del caso.
Dicha petición tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción V, 67, párrafo primero y 69, párrafo primero de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el artículo 10, párrafo quinto, fracciones I, II, III, IV, VI del Código Federal de Procedimientos Penales.
Lo anterior, debido a que la denuncia de hechos del caso fue presentada ante el Ministerio Público local y de ella se desprende la participación de servidores públicos municipales y el temor fundado de la pérdida de la vida o de afectación de la integridad de quien realiza actividades periodísticas y ejerce su derecho a la libertad de expresión.
