A la CNDH, la vicecoordinadora de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de las que han sido objeto los luchadores sociales.
Y al Congreso de Puebla le pidió llevar a cabo comparecencias o reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado para revisar la actuación que han tenido en estas detenciones, procesamiento y encarcelamiento.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora del PRD recordó que en abril de 2014, en Puebla, fue detenida Enedina Rosas Vélez, cuyo delito fue negarse a firmar en su calidad de comisaria ejidal, la autorización para el paso del gasoducto que se pretende construir como parte del proyecto integral Morelos.
“Al día siguiente de la detención de Rosas Vélez, el defensor de Derechos Humanos, Juan Carlos Flores, también opositor a dicho proyecto, comenzó a organizar manifestaciones por su liberación, y después de acudir a una reunión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, fue detenido con lujo de violencia y acusado por delitos que nunca cometió, con base en falsos testimonios rendidos por diversas autoridades policiales”, mencionó.
Padierna Luna sostuvo que estas aprehensiones marcaron el inicio de una política de represión y hostigamiento contra quienes se manifiestan o se oponen a las decisiones o mandatos del gobernador Rafael Moreno Valle.
Agregó que el mandatario poblano “ha utilizado a las instituciones del Estado para encarcelar injustamente a decenas de activistas, defensores y autoridades municipales que lo cuestionaban pública y pacíficamente”.
Informó que a estas detenciones se sumaron la de Abraham Cordero, también opositor del Proyecto Integral Morelos; así como la de más de una docena de campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y que son autoridades elegidas mediante el sistema de usos y costumbres.
“Incluso han detenido a abogados y ejidatarios que se han opuesto a que sus tierras sean expropiadas con fines comerciales y que han resistido los embates del poder público estatal para despojarlos de su único patrimonio”, señaló.
Dijo que hasta el momento no se ha podido poner límite a las flagrantes violaciones y de acuerdo a con organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión de Derechos Humanos, actúan al servicio del gobernador y legitiman estas acciones en contra de activistas, defensores y autoridades indígenas.
“La persecución y encierro que el gobierno de Puebla impone a activistas, defensores y autoridades indígenas, es una respuesta violenta contra una diversidad de manifestaciones ciudadanas pacíficas en defensa del territorio, del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos” subrayó la legisladora.
Aseguró que ante la falta de mecanismos que permitan limitar el abuso del ejercicio del poder público, resulta fundamental la intervención de la CNDH para que revise puntualmente la actuación de cada una de las instituciones del gobierno que han permitido o tolerado el uso arbitrario y político del derecho para inculpar injustamente a luchadores sociales.
La senadora del PRD también llamó al Congreso de Puebla a revisar la pertinencia de realizar las modificaciones legislativas necesarias para la creación de un Consejo de la Judicatura en el estado, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad.
La propuesta se remitió a la Primera Comisión de la Permanente, donde será analizada.
