Jorge Enrique Castillo Díaz, quien al inicio del sexenio del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, se desempeñó como representante del gobierno de esa entidad en el Distrito Federal y luego como su secretario particular, tiene adeudos con el fisco por más de 64 millones 375 mil pesos, por lo cual la autoridad tributaria ordenó la inmovilización de esa cantidad en las cuentas bancarias que tiene el ex funcionario en BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México, según documentos oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dados a conocer por el organismo fiscalizador al amparo de la reforma hacendaria, que ahora permite a la autoridad tributaria difundir el nombre, razón social y registro federal de causantes de los contribuyentes incumplidos, los documentos señalan que al 28 de enero de 2015 no había sido posible notificar directamente de sus adeudos al ex funcionario del gobierno de Oaxaca, porque no fue localizable en el domicilio de Nebraska 23-1, colonia Nápoles de la ciudad de México, señalado para efectos en el registro federal de contribuyentes.

El oficio sobre la inmovilización realizada, con fecha 3 de noviembre de 2014, fue elaborado por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal.

En este oficio se asienta que en el domicilio señalado sólo se encontró una persona del sexo femenino, empleada, quien no se identificó, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que el contribuyente buscado no se localiza en ese domicilio, se procedió a levantar una acta circunstanciada de hechos por parte del verificador, notificador y ejecutor. Con su ausencia, Jorge Enrique Castillo Díaz se ubicó en el supuesto de no localizable, considerado en la reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para hacer pública la situación de los contribuyentes incumplidos.

Cuentas congeladas

En otro oficio del SAT (400-36-00-03-2014) dirigido a Jorge Enrique Castillo Díaz, con fecha de 3 de noviembre de 2014, le informan al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal que, por instrucciones de esta autoridad, las instituciones bancarias BBVA Bancomer SA, Scotiabank Inverlat SA y HSBC México SA realizaron la inmovilización de los depósitos de sus cuentas y pormenoriza las razones de esa decisión.

La autoridad fiscal asentó: mediante oficio 324-SAT-VI-14975 de fecha 7 de mayo de 2007, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal determinó adeudos fiscales a su cargo por un importe históricos de 27,101,677.30 (Veintisiete millones ciento un mil seiscientos setenta y siete pesos 30/100 MN), controlado por esta Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal con los números de crédito H-1252054, H-1252055 y H-1252057.

El SAT le informa al ex secretario particular del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que tiene conocimiento de que ha interpuesto un juicio de nulidad en contra de la resolución determinante de los créditos fiscales, sin que hasta ahora se haya emitido una sentencia. Al no encontrarse garantizados los créditos a su cargo, le señala la autoridad tributaria, ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inmovilización de los depósitos bancarios localizados a su nombre en BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México, con fecha del 27 de mayo de 2014, hasta por la cantidad de 64 millones 375 mil 807 millones con 57 centavos.

No es la primera vez en que Castillo Díaz es exhibido públicamente por su desempeño en cargos públicos. Al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal se le involucró en la investigación que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública por la compra indebida de un avión para la Secretaría de Gobernación, cuando fue titular de esta dependencia el ex gobernador oaxaqueño, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, durante los últimos dos años de gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

La Secretaría de la Función Pública informó entonces que la compra de la aeronave se llevó a cabo en forma directa sin existir justificación debidamente fundada y motivada para proceder de esta manera, ni hubo dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar de licitación pública la adquisición realizada. Tampoco contó con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.