* Crean nuevo marco jurídico para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción de servidores públicos y particulares
* Se fortalecen y amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos públicos
México, DF, 03-mar-2015.- El Pleno del Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se crea un andamiaje normativo para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y personas morales, además de fiscalizar y controlar los recursos públicos.
El proyecto propone que el Sistema se integre por instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de servidores públicos o particulares que realicen actos de corrupción en contra de la administración pública.
El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la fiscalía responsable del combate a la corrupción; la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución; el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
El Comité podrá emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
El proyecto señala que las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción que sirvan como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
La minuta, enviada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, propone fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que así podrá revisar la totalidad de los recursos públicos destinados a otros órdenes de gobierno.
El proyecto plantea un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares.
Se prevé que las responsabilidades administrativas graves, cometidas por servidores públicos, serán investigadas y substanciadas por la ASF y órganos internos de control; su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, las no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.
En el caso de particulares, los tribunales en la materia podrán determinar su responsabilidad por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes.
En el caso de las personas morales, se establece que serán sancionadas cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.
El documento prevé que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno podrán presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades locales competentes.
Adicionalmente, se amplía el plazo de tres a siete años para la prescripción de sanciones administrativas graves.
Por otra parte, la Cámara de Diputados devolvió tres oficios por los que se desechan dos proyectos de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo y uno por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar y adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. Fueron turnados a las comisiones unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera.
