* Expertos insisten en que estudiantes no fueron incinerados en basurero de Cocula; proponen que en la legislación se incluyan mecanismos para agilizar procesos de búsqueda
* Sólo el presidente de la República podría garantizar que no se volverá a construir un montaje en torno a este caso: Mario Patrón

México, DF., 09-sep-2015.- Senadores de la República recibieron este miércoles el Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los 43 normalistas, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el encuentro, Carlos Martín Beristain y Francisco Cox reconocieron la apertura de la Procuraduría General de la República (PGR) para que el GIEI pudiera acceder al expediente, así como la disposición del presidente para aceptar las recomendaciones e insistieron en que en el basurero de Cocula no se llevó a cabo la incineración de los 43 estudiantes.

“Nosotros no damos en ese peritaje ninguna evaluación sobre si los normalistas fueron asesinados o incinerados, no lo sabemos, no sabemos cuál ha sido su destino final”, pero lo que sí determinó el experto y nuestro trabajo “es que el evento de la quema de los 43 cuerpos no pasó en el escenario del basurero de Cocula”, enfatizó Martín Beristain.

“Eso –agregó– significa para nosotros que hay que rebobinar en parte la historia y hay que tener elementos que nos ayuden a conocer mejor el paradero de los normalistas desparecidos. Sea cual sea el paradero y lo que pasó, realmente creemos que todavía hay elementos de investigación muy amplios, tal como lo señaló la propia procuradora cuando llegamos al país”.

Sugirió que en la ley sobre desaparición forzada de personas se incluyan mecanismos para agilizar los procesos de búsqueda, “esto tiene que estar muy bien determinado” porque las acciones que se tienen que realizar en las primeras 72 horas son centrales para la investigación, de lo contrario “se pierden muchos hilos de los que uno puede tirar para la búsqueda de los desaparecidos”.

También destacó que el impacto de este delito para los familiares de las víctimas debe ser comprendido por las instituciones y asimilado en la legislación, porque da pauta para saber lo que se tiene qué hacer, los apoyos para enfrentar esa búsqueda y “es lo único que va a poder ayudar a salir de la confusión, la ambigüedad psicológica y el dolor permanente que genera”.

Francisco Cox afirmó: “Había diversas hipótesis planteadas en el expediente y nos tomamos seriamente cada una de ellas y eso fue lo que nos llevó a descartar con una convicción absoluta que en ese lugar no se quemaron a los muchachos. No estamos diciendo que los muchachos estén vivos, no estamos diciendo que los muchachos estén muertos, no sabemos”.

“Hablamos con evidencia, con prueba, no con versiones contradictorias, porque cuando asumimos esta responsabilidad nos comprometimos con las víctimas, con el Estado y con la Comisión Interamericana”, asentó.

“Creemos –expresó– que se debe tomar y analizar la pericia del doctor Torero, pero debe tomarse, insisto, por gente que no tiene un sesgo, que quiera confirmar una determinada tesis, sino que simplemente esté abierta, como nosotros estuvimos, frente a la investigación”.

Afirmó que la apertura de la procuradora General de la República, Arely Gómez González, fue fundamental para el trabajo del Grupo de Expertos, sin esa apertura, acotó, “probablemente no hubiésemos podido llegar a los niveles de información y conclusiones que llegamos”.

Señaló que mucha de la información ya estaba en el expediente, sin embargo no estaba correctamente analizada o se había obviado, por eso se solicitó que se revise la forma de hacer las investigaciones penales, en donde la confesión juega un rol fundamental.

En este sentido, propuso que los servicios periciales sean autónomos, que no formen parte de la PGR, pues sólo así se logrará que se investigue sin ningún tipo de sesgo, sino con la posibilidad de que se confirme o refute la versión en determinada parte.

Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que los padres y madres de las víctimas consideran que sólo el presidente “podría establecer el nivel de compromiso político necesario que a ellos les dé la garantía de que el Estado no les va a volver a mentir, de que la PGR no volverá a construir un montaje en torno a su caso”.

Consideró que la disposición del titular del Ejecutivo federal y de la PGR para analizar las conclusiones del GIEI y reunirse con los familiares se debe llevar a los hechos, pues no es suficiente con que la investigación sea puesta en el escritorio del subprocurador de Delincuencia Organizada.

Lo anterior, si se considera que se tienen que generar dos fiscalías en torno al caso, una vinculada con el paradero de los estudiantes y con la responsabilidad de quienes los desaparecieron y otra, al interior de la Procuraduría, que explique los distintos grados de responsabilidad en torno a este montaje que ha significado la investigación de Ayotzinapa.

En este sentido, solicitó el apoyo del Senado para hacer un llamado al presidente de la República “para que, además de expresar su voluntad de reunirse con los padres y madres, nos diga cuándo. Nos parece que el caso Ayotzinapa no puede esperar”.

Mario Patrón también expresó: “Nosotros hoy no tenemos duda de que hubo una intencionalidad política de encapsular el problema de Ayotzinapa como un problema de la esfera pública municipal” y “sabemos que en distintos momentos de los hechos, hubo una intervención de la Policía Ministerial y de la Policía Preventiva del estado de Guerrero, de la Policía Federal y de elementos, por lo menos de inteligencia, del Ejército Mexicano”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que en el Senado ya se discute la ley sobre desaparición forzada de personas y en este tema es muy importante escuchar a las organizaciones no gubernamentales, a estas redes de padres, madres de familiares de personas desaparecidas.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que el Informe revela el estado de descomposición que existe en el Ministerio Público Federal, el nivel de corrupción de las policías y la falta de profesionalismo que hay en los cuerpos de investigación en los ámbitos local y federal.

Reiteraron la necesidad de que el Grupo de Expertos continúe con su trabajo, de reconducir la investigación, deslindar las responsabilidades correspondientes y de establecer una fiscalía especializada para avanzar en el tema, inclusive bajo el auspicio de algún organismo internacional.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo consideró que no se puede “regatear” la iniciativa del gobierno de la República para contactar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con el propósito de esclarecer los hechos.

Además, se pronunció por “no fomentar el encono y la desconfianza” con las conclusiones del GIEI, ni a descalificar el trabajo de mucho tiempo: “son cientos de diligencias, cientos de detenidos, patrullaje, una serie de resoluciones, pero que no son contrarios al informe que aquí se ha rendido”.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, pidió reconocer la labor y el compromiso de los expertos independientes para encontrar la verdad y dar justicia a las víctimas.

Planteó que el reporte “debe de tener consecuencias, por su contundencia, por su contenido no puede quedarse sólo en un libro que relate algunos hechos; tiene que iniciarse una investigación nueva, que corrija, que reconduzca todas las indagatorias”.

A nombre del Partido del Trabajo, la senadora Layda Sansores San Román mencionó que en México no se investiga, “aquí el Ministerio Público toma testimonios y a base de confesiones que muchas veces son por tortura, se arma el expediente a modo. Por eso están las cárceles llenas de inocentes”.

La legisladora también expresó: “si gente del Ejército están pero hasta el tuétano metidos en esto, que no se ve, que no leyeron el informe, pero es obvio; pero además, en el mejor de los casos, el Ejército, la inteligencia militar del Ejército sabe la verdad”.

Alejandro Encinas Rodríguez, también del Grupo Parlamentario del PRD, expresó su confianza en que las conclusiones marquen un hito en la forma en que el Estado Mexicano está enfrentando la profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, y particularmente la ineficacia y la descomposición de las instituciones públicas para garantizar la impartición de justicia.

Al encuentro también asistió el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quien coincidió en que este trabajo ayuda a encontrar la verdad de los hechos, e hizo un llamado para que el Senado de la República sea un aliado de esta causa.

La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez hizo notar que el Poder Legislativo tiene que exhortar al Ejecutivo federal para establecer una mesa o una Comisión para atender las recomendaciones y la reformas legales para evitar otro caso como el de Ayotzinapa.

El senador Carlos Alberto Puente Salas reconoció las aportaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y comentó que el Grupo Parlamentario del PVEM está comprometido a abordar las propuestas que sobre el tema han planteado diversos senadores.