* Monto reclamado por usuarios afectados ascendió a 108 millones pesos en 2015, lo que representa un aumento de 720 por ciento
* Instituciones financieras deben fortalecer acciones para prevenir y erradicar este ilícito, consideran legisladores
México, DF., 27-sep-2015.- Senadores del Grupo Parlamentario del PRI advierten que el robo de identidad en México se ha incrementado de manera considerable en los últimos cuatro años, ante la falta de protocolos de seguridad por parte de las instituciones bancarias para prevenir e inhibir este delito.
En un punto de acuerdo, presentado en la sesión del 24 de septiembre, destacan que en el primer semestre de 2011, el monto reclamado por parte de los afectados por este tipo de ilícitos fue de 15 millones de pesos, pero en 2015 la cifra ascendió a 108 millones, lo que representa un aumento de 720 por ciento.
“Resulta preocupante -enfatizan- que 17 de 28 bancos presenten incrementos en los reclamos por presunto robo de identidad, en donde la principal problemática es la referente a la expedición de tarjetas de crédito no contratadas o solicitadas por el usuario. Esta situación evidencia la falta de protocolos de seguridad por parte de las instituciones bancarias”.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) proponen que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicite a las instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación de dicho ilícito.
En las consideraciones de la propuesta, mencionan que Santander, Banamex y HSBC concentran el 76 por ciento de las reclamaciones por esta causa y que, en promedio, seis de cada 10 usuarios obtienen respuesta favorable en un lapso de 14 días hábiles.
Además de que las víctimas enfrentan dificultades para restablecer su historial crediticio, el robo de identidad merma la credibilidad en las instituciones financieras y obstaculiza el crecimiento de nuevos mercados como el comercio electrónico, alertan.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ilícito “se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito”.
El infractor -explica el punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público- puede abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito o acceder a diversos créditos a nombre de la víctima.
