* Luis Raúl González Pérez pidió a los ombudsman del país fortalecer y consolidar el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos
* Propuso en la inauguración del XLIII Congreso de la FMOPDH trabajar durante 2016 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la “Alerta 6” y un curso de capacitación con la CIDH

México, DF., 26-nov-2015.- Las actuales condiciones y circunstancias del país demandan a los defensores públicos de derechos humanos trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento y consolidación del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, afirmó hoy el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Subrayó que de esta manera se busca ser una opción flexible, ágil, cercana a la sociedad y sujeta a menos formalidades que las vías jurisdiccionales tradicionales para que quienes han visto violentados sus derechos fundamentales busquen que sean subsanadas las violaciones y reparados los daños que se les causaron.

Al participar en la ceremonia inaugural del XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), dijo que “es momento de redoblar esfuerzos, maximizar recursos y revitalizar las causas y objetivos que sustentan y dan origen a nuestras instituciones”.

“Debemos ratificar y demostrar con hechos ante la sociedad, que México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en el país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado”, añadió González Pérez.

Propuso como temas prioritarios y comunes de trabajo para 2016, enfocarse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para monitorear el progreso de su ejecución en los planos locales, nacionales, regionales e internacionales, para denunciar desigualdad y discriminación

Asimismo, propuso la “Alerta 6”, como mecanismo para prevenir, atender y asistir a periodistas y comunicadores ante agravios que puedan recibir, y la realización de un curso de capacitación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para iniciar un diálogo jurídico que favorecerá el quehacer de los defensores públicos de derechos humanos.

Los convocó a valorar la posibilidad de construir un modelo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos que como Estado Mexicano se han asumido respecto de la Agenda 2030, con particular enfoque a la erradicación de la desigualdad y discriminación, para lo cual propuso que al interior de la FMOPDH se cree una mesa de trabajo que permita diseñar, ejecutar y evaluar las estrategias tendentes a cumplir con esta meta en el ámbito de los derechos humanos.

Respecto de la “Alerta 6”, explicó que tiene como objeto servir como mecanismo de acción rápida que impulse acciones de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, para atender e investigar los ataques, agresiones y demás conductas que violen los derechos humanos de los periodistas.

“Esta Alerta, para ser más efectiva –puntualizó-, debe contar con el trabajo conjunto y el apoyo de las instituciones protectoras de derechos humanos y la sociedad civil. La seriedad y relevancia de los objetivos que se persiguen demanda nuestra suma y coordinación de esfuerzos”.

Acompañado en el presídium por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés; Juan José Ríos Estavillo, presidente de la FMOPDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, entre otros, González Pérez dijo a sus homólogos que son la voz de una ciudadanía que llama a todos a redoblar esfuerzos en la búsqueda de una sociedad en que imperen la justicia, la equidad y la inclusión.

“No tengan duda que quienes formamos parte de esta Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos sabremos escuchar sus legítimas demandas y habremos de constituirnos como acompañantes permanentes de las causas que ustedes encabezan”.

Estuvieron presentes Carlos Eduardo Felton González, presidente Municipal de Mazatlán; José Antonio García Becerra, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y Sylvia Myriam Chávez López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, entre otros.