Ciudad de México.- Miembros del Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México (FTCOM) dicen que al impulsar la compra de uno de los tres modelos de autos que se encuentran a la venta en México para renovar la flotilla cuya concesión vence este año, la SEMOVI no sólo estaría gestando otro “cochinito” para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sino que lo hace a sabiendas de que ese auto es peligroso por las fallas que presenta de fábrica.
Ignacio Rodríguez, vocero del FTCOM, compuesto por taxistas del Aeropuerto, Terminales de Autobuses y Sitios y bases, destacó que el pasado 26 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal la disposición que obliga a taxistas con vehículos que cumplieron con su vida útil de 10 años a sustituirlos por autos eléctricos o híbridos.
Sin embargo, el vehículo que “por alguna razón impulsan desde la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)”, el modelo híbrido Prius de la marca Toyota presenta problemas con los frenos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Actualmente en el mercado, además del Prius que tiene un precio de 340 mil pesos, se encuentran el eléctrico Nissan Leaf que tiene un costo de 500 mil pesos, inaccesible totalmente para los taxistas concesionados, y el Renault Twizy arriba de 290 mil pesos, todos ellos antes de impuestos y los gastos de financiamiento.
La empresa fabricante del hibrido Prius detectó que existe la posibilidad de que el sistema de frenado en ese tipo de autos pudiera quedar inoperante, incrementando el riesgo de generar un accidente. Si el auto quedara con el switch activado y la palanca de transmisión en posición distinta a parking, podría desplazarse inadvertidamente.
Los taxistas, también integrantes del Movimiento Nacional Taxista, vamos a dar la lucha para evitar tantas barbaridades que siguen realizando en contra del transporte concesionado el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad, cuyo interés en las políticas públicas es sólo político y económico, advirtió Ignacio Rodríguez.
Asimismo, el dirigente taxista destacó que al menos un juez ya puso un alto a una más de las interesadas propuestas de la SEMOVI, cuando el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa concedió el miércoles la suspensión definitiva contra la declaratoria del Gobierno capitalino para sustituir los taxímetros convencionales con otros con GPS.
La SEMOVI publicó una declaratoria de necesidad para renovar los taxímetros, por lo que concesionó sin licitación a la empresa Servicios Digitales Lusad para desarrollar los mismos, asunto que marca también la posibilidad de otro “negocio” cercano a algún funcionario de la SEMOVI.
El gobierno planea equipar a todos los taxis con una Tablet, mediante la cual los usuarios podrán checar sus recorridos, pero, además, contará con publicidad cuyos ingresos llegarán de manera directa a la Secretaría de Movilidad, destacó el dirigente.
