* Por la marginación, vulnerabilidad y pobreza de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades y a los actores políticos y sociales, a emprender acciones para impulsar una justicia social humanitaria que permita a las y los mexicanos el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como asegurar la cobertura de los satisfactores elementales para gozar de una vida digna y bienestar social.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social -hoy 20 de febrero-, la CNDH hace hincapié en la persistencia de flagelos que impiden la generación y aplicación de políticas públicas adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) viven en pobreza extrema.

De acuerdo con la Medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para 2014, esos 55 millones de mexicanas y mexicanos percibieron un ingreso menor al valor de la línea de bienestar, y padecieron al menos una carencia respecto de los derechos humanos de orden social, como son: alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos.

En este contexto, acciones, omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, que dieron lugar a la violación a sus derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual.

Por ello, la CNDH emitió la Recomendación 2/2017, la cual fue dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; al presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los secretarios de Desarrollo Social (SEDESOL), Luis Enrique Miranda Nava; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida; de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer; y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa.

Luego de examinar las evidencias integradas al expediente CNDH/6/2015/2338/Q y conocer la situación en general, la CNDH evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrones de personas jornaleras.

Hubo omisión para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura.

Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus instituciones, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población; esta circunstancia manifiesta una violación indirecta respecto de las personas jornaleras agrícolas en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular, en dos perspectivas importantes: estructural y cultural.

La CNDH recibió escritos de queja los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de ese mismo mes y año por agentes de seguridad pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extra, turnos dobles o triples que laboran; no los afilian al IMSS, ni les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable.

De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales.

Sobre la situación de las mujeres jornaleras agrícolas, la problemática advertida es acorde con los obstáculos y deficiencias observados por el grupo de trabajo que elaboró el Informe respecto de la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California; en tanto que las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley.

Por todo lo anterior, la CNDH recomendó al gobernador de Baja California presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente de trabajo; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.

Además, se solicitó a dicho funcionario colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las instancias de seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la integridad personal; y difundir por medios impresos y/o electrónicos, entre las dependencias a su cargo, el contenido de la presente Recomendación.

Al presidente Municipal de Ensenada y al gobernador de dicha entidad federativa se les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Al titular de la SEDESOL se le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios; asimismo, de manera conjunta con el titular del IMSS, elaborar un diagnóstico o censo de la situación de las personas jornaleras agrícolas en ese Estado; impartir a los servidores públicos un programa integral anual y progresivo de formación y capacitación en derechos humanos.

Al secretario del Trabajo y Previsión Social Federal se recomendó formular las propuestas de modificaciones legislativas y/o administrativas, conforme a su competencia, para garantizar el derecho humano al trabajo, así como aquéllas que trasciendan a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado de esa población; y en coordinación con el Gobierno estatal, elaborar un padrón de empresas y patrones agrícolas del estado, actualizándolo semestralmente; e impulsar un Programa de Movilidad Laboral y fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos.

Al secretario de Educación Pública se le solicitó instruir la celebración de convenios de coordinación o concertación para el beneficio educativo de la población jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional.

Finalmente, se recomendó al director General del IMSS instruya a su delegado en Baja California, para que establezca un programa anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social; participar con las autoridades federales y locales en materia laboral en las visitas e inspecciones que realicen y en el intercambio de información; instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas; la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.

Debido a la trascendencia de la problemática que atiende, resulta oportuna la difusión de la Recomendación 2/2017 en esta fecha, ya que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante su resolución 62/10, proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo que el desarrollo y la justicia social constituyen presupuestos indispensables para el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones, además de que no pueden alcanzarse dichos valores, si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De manera complementaria, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó la importancia de la justicia social como un elemento indispensable para la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo, el acceso al bienestar e igualdad sociales y el trabajo decente; como una tarea de todas y todos por la que es posible contribuir a un mayor respeto de la dignidad humana; así lo reconoció en 2008, a través de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa.

La Recomendación 2/2017 ha sido debidamente notificada a las autoridades destinatarias y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx