* Es necesaria la vigilancia de la correcta aplicación del marco jurídico, para evitar territorios y medio ambiente afectados, y el desplazamiento de los grupos vulnerables, principalmente, indígenas
* A pesar de que ya existe legislación federal en la materia, reglamento y leyes locales aún no se ha declarado ninguna ZEE en el país
Ciudad de México.- En la política pública de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), es necesaria la vigilancia de la correcta aplicación del marco jurídico, nacional y local, que las crea, para lograr un desarrollo equilibrado en las distintas regiones del país, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su análisis “Seguimiento a la instrumentación de las Zonas Económicas Especiales”, destaca que a pesar de que ya existe legislación federal en la materia, reglamento y leyes locales aún no se ha declarado ninguna ZEE en el país, propósito que se fijó para finales de 2016.
Incluso, ya se tienen establecidos los incentivos fiscales y aduaneros que se ofrecerán a los inversionistas en las ZEE de Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas, las tres primeras que se planean declarar.
El IBD refiere que vigilar la correcta aplicación de la política pública es necesario porque diversas organizaciones locales de la sociedad civil no están a favor de aquella, ya que dudan que haya un desarrollo equilibrado, prevén que los territorios y el medio ambiente se vean afectados, y temen el desplazamiento de grupos vulnerables, principalmente, indígenas.
Roberto Albores Gleason, senador del Grupo Parlamentario del PRI, quien ha sido uno de los principales impulsores de las zonas económicas en el país, solicitó a la AFDZEE que se incluyera en la ZEE anunciada para el estado de Chiapas, no sólo al municipio de Tapachula, sino a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.
Del mismo modo, otros legisladores se han pronunciado a favor de la instrumentación de dichas zonas, ya que consideran que el proyecto beneficiará a las entidades más rezagadas del país, con inversiones y generación de empleos.
Por su parte, a la Comisión Especial de ZEE de la Cámara de Diputados se le asignó un presupuesto de un millón 945 mil 718 pesos, para realizar, entre finales de 2016 e inicios de 2017, mesas de trabajo con gobernadores y alcaldes, foros de consulta con sectores social y privado de las regiones, entrevistas, ruedas de prensa y producción de spots en el Canal del Congreso.
Las Zonas Económicas Especiales son áreas que se delimitan geográficamente, y que tienen ciertas ventajas logísticas y naturales, con potencial para convertirse en regiones altamente productivas.
A escala local, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán ya tienen una Ley en la materia.
Los avances que tienen las primeras tres ZEE previstas para instalación y operación en el país, son: Lázaro Cárdenas, entre Guerrero y Michoacán, la primera entidad tiene Ley en la materia y la segunda no. Además, en dicha zona, que tiene una ventaja competitiva en la industria siderúrgica, se prevé una inversión aproximada de 12 mil 921 millones de dólares durante los primeros 10 años.
Salina Cruz, entre Oaxaca y Veracruz, ambos estados tienen legislación en la materia y una fuerte industria textil, gasoductos, eléctricos y autopistas. Se espera una inversión aproximada de seis mil millones de dólares.
Finalmente, Puerto Chiapas, en Chiapas, cuenta con una ley aprobada por su Congreso, y su ventaja competitiva está orientada, principalmente, a la actividad económica de comercio exterior, además de la oferta ecoturística. En esta zona se planea una inversión estimada de 11 mil 300 millones de pesos en los próximos 10 años.
El análisis “Seguimiento a la instrumentación de las Zonas Económicas Especiales”, de Mirada Legislativa, de la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD, se puede consultar en la dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3448
