* Comunidad y familias deben construir sociedades estables

* Concluye Foro de Análisis “Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional ChilFund México concluyeron que las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos con capacidad progresiva para comprender y actuar en su entorno, y deben crecer en un ambiente seguro, pacífico, enriquecedor en que exista la igualdad de género.

Al concluir los trabajos del Foro de Análisis “Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, se estableció que el Estado, la comunidad y las familias son corresponsables de asegurar que todas y todos los menores de edad puedan alcanzar su máximo potencial físico, mental, ético, moral y espiritual, para construir sociedades estables y propiciar el desarrollo sostenible e incluyente de nuestro país.

De igual manera, dieron a conocer que la atención a la niñez no admite demora, es impostergable y la mejor manera de hacerlo es mediante los esfuerzos de todos los actores, ya que de ser omisos las complicaciones se extenderán a toda la población. No hacerlo desde un principio significa hipotecar el futuro de la humanidad.

Ese posicionamiento conjunto fue dado a conocer en la ceremonia de clausura del Foro, que estuvo encabezada por Ismael Eslava Pérez y Héctor Daniel Dávalos Martínez, primer visitador General y secretario Ejecutivo de la CNDH, respectivamente, así como por Sonia Bozzi, directora Nacional de ChildFund México.

Destacaron que la mitad de la población menor de 18 años a nivel mundial ha experimentado algún tipo de violencia antes de cumplir los ocho años, mientras que en México el 73 por ciento de la población infantil menor de 14 años ha sido víctima de maltrato, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF.

Por ello, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir, investigar, sancionar y evitar la impunidad en los casos de violencia contra niñez y adolescencia, incluyendo el castigo físico y humillante, especialmente en población en situación de calle, migrante, indígena, afrodescendiente, con discapacidad y en pobreza extrema.

Por su parte, Bozzi destacó que la autoridad debe impulsar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asignando el presupuesto adecuado para su implementación, a efecto de materializar su contenido y mejorar la calidad de vida, condiciones de bienestar y desarrollo de esa población.

Dijo que para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su conjunto es fundamental la erradicación del abuso, explotación, tráfico y todas las formas de violencia en contra la niñez, reconocida en la Meta 16.2, al igual que en varias metas de los Objetivos 4, 5, 8 y 11.

Por el alto impacto negativo que tienen las distintas manifestaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, afirmó, es primordial trabajar en acciones de prevención a través de políticas públicas integrales, transversales con perspectiva de derechos y enfoque de género, para lograr el cambio cultural que se requiere para eliminar creencias, prácticas tradicionales, imposiciones e ideas que justifican la violencia hacia la niñez y la adolescencia.

Asimismo, se deben acelerar y concretar los trabajos para cumplir los compromisos de México como país guía en el marco de la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en un plan de acción multianual que tenga como base las siete estrategias del paquete INSPIRE, que ofrecen las máximas posibilidades para reducir esa violencia.

También se concluyó en que se debe garantizar la articulación de toda la sociedad, especialmente del sector privado (empresarial), en la consecución de los ODS, con mayor énfasis en el diseño de mecanismos, espacios y formatos adecuados para la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, implementación, evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas destinadas a su atención.

En el Foro que se llevó a cabo el pasado jueves y viernes en la Ciudad de México, las autoridades, expertos y estudiosos participantes reafirmaron su confianza en el poder transformador de acciones colectivas ante la actual crisis mundial de justicia social, económica, ambiental y de derechos humanos.

Estos esfuerzos comunes, coincidieron, se deben traducir en una sociedad más justa, próspera, equitativa, tolerante e inclusiva, en la que los derechos humanos de todas y todos sean una realidad, especialmente de los grupos de población en condiciones de especial vulnerabilidad, sin dejar a nadie atrás.

Asimismo, ratificaron la importancia de la participación comprometida de los organismos públicos de derechos humanos, de la sociedad civil organizada y las comunidades, en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 con especial énfasis en el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes, para tener participación activa como agentes naturales de cambio, incluso en mecanismos de rendición de cuentas de políticas públicas.

En su oportunidad, Eslava Pérez, quien clausuró el foro con la representación del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que todas las formas de expresión de la violencia son inaceptables y que en materia de niñez no hay nivel alguno que pueda ser autorizado.

“Debemos erradicar cualquier disposición normativa, interpretación, práctica o tradición que posibilite su maltrato; los castigos corporales como forma de educación o corrección; los matrimonios forzados o adolescentes; la violencia sexual o la psicológica y, en general, las acciones u omisiones que interrumpan su salud física, emocional o su desarrollo psicológico”, expresó.

Planteó que en el tratamiento de las distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes se debe dar prioridad a la prevención, identificar y evitar los factores de riesgo que favorezcan su existencia y que involucran a las familias, a la sociedad y a las autoridades.

Debemos trabajar para prohibir todas las manifestaciones de violencia, generar programas sistemáticos y campañas de educación, sensibilización y capacitación, con dimensiones de género, que combatan prácticas sociales y culturales incompatibles con los derechos humanos, y mejorar las capacidades de quienes trabajan o conviven con los menores.

Se deben elaborar protocolos especializados para atender a víctimas, que eviten su revictimización cuando han sufrido actos de violencia y que promuevan la no repetición; establecer mecanismos efectivos de participación de la niñez en la elaboración de indicadores que permitan compilar, analizar y difundir datos desglosables y confiables sobre la violencia de este sector de la población.

Subrayó la necesidad y urgencia de generar acciones para apoyar a las familias, mayormente a las que se encuentran en estado de vulnerabilidad, sobre formas alternas de crianza, y su concientización sobre la importancia de que empoderen y habiliten a sus hijas e hijos para la vida; que les enseñen a autoprotegerse, quererse y les orienten en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para evitar su mal uso, o que puedan ser víctimas de violencia a través de esos medios.

Respecto del cumplimiento de la Agenda 2030, Dávalos Martínez advirtió que faltan sólo 13 años y hay mucho trabajo por hacer. Convocó a los asistentes a reunirse en un futuro cercano para continuar esta labor en pro de hacer realidad los Objetivos del Desarrollo Sostenible y dijo que este Foro fue un punto de inicio, una semilla que debe crecer en beneficio de la niñez.

Dio a conocer que las conclusiones finales serán difundidas próximamente mediante un micrositio en la página web de la CNDH.