* El magistrado de la Sala Superior del TEPJF dijo que el uso de las nuevas tecnologías permite reducir la brecha que existe entre los tribunales y el derecho en general con la sociedad

Monterrey, Nuevo León.- Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el uso de las nuevas tecnologías permite reducir la brecha que existe entre los tribunales y el derecho en general con la sociedad, además de que contribuye en el mejor funcionamiento de la democracia directa.

“En materia electoral uno de los objetivos que tenemos es contribuir a que funcione de mejor manera la democracia directa. Estos modelos de representación política que están cuestionados necesitan una ayuda, necesitan actualizarse, usar las tecnologías, pensar en una era digital para la democracia ideal”, agregó.

Con ello, “hacer efectivamente que el poder no sea de un solo individuo, sino que sea el poder de una comunidad, el poder que convoca a la unidad, el poder que se ejerce para aspirar a los valores democráticos que como sociedad compartimos”, sostuvo.

Las nuevas tecnologías, destacó, como herramienta, son idóneas y son pertinentes para aplicar los principios de Justicia Abierta, pero sobre todo tienen un valor para incentivar cambios de prácticas en la generación y almacenamiento de datos y en la forma en que se presentan los datos a la ciudadanía, ya que uno de los objetivos de la Justicia Abierta es que ésta tendría que estar orientada para que la ciudadanía tome las mejores decisiones con esa información.

Al participar en la Mesa 3: “Criterios judiciales, opinión pública y las TIC”, en el marco del seminario Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura Democrática, indicó que una de las grandes ventajas que tienen las tecnologías de la información, sobre todo el uso de las redes sociales, es que queda claro es que juntos, de manera coordinada se pueden lograr los objetivos que se fijan.

“Sobre todo, podemos ejercer mayor poder; mayor poder como instituciones, mayor poder como ciudadanía, cuando lo hacemos de manera cooperativa, en concierto y de manera dirigida hacia consensos y objetivos que además se pueden construir colaborativamente”, subrayó Rodríguez Mondragón.

Las tecnologías de la información, continuó, incluyendo las redes sociales son herramientas y lo relevante está en lo que se comunica y las razones por las que se comunica.

El principal bien que los tribunales, producen son criterios judiciales y un buen tribunal es aquel que es altamente predecible y esto no solo atañe al contenido de los criterios judiciales, sino también que éstos se comuniquen de manera eficiente y efectiva para que cualquier auditorio, ya sea la profesión legal, los políticos, la academia, tenga una alta probabilidad de saber qué esperar de las resoluciones de los tribunales.

En este sentido, precisó que estas herramientas pueden ser utilizadas en distintas formas, pero lo que es un hecho es que sirven como un mecanismo que reduce los costos de la acción colectiva y los costos de la comunicación. “Entonces, también a los tribunales nos va a permitir reducir los costos de comunicar nuestros criterios judiciales, de manera mucho más amplia, eficiente o eficaz”.

En la mesa, coordinada por Catalina Ortega Sánchez, secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Monterrey, participaron Jesús Cantú Escalante, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y Alejandro Santos Contreras, coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del TEPJF.

* Busca Justicia Abierta regenerar la relación de instituciones de impartición de justicia con los justiciables

El magistrado de la Sala Regional Monterrey, Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann, aseguró, al participar en la Mesa 1: “Principios de nuevo paradigma de actuación y gobierno judicial: Justicia Abierta y ciudadanía”, que se debe tener claridad sobre lo que es la Justicia Abierta, porque si se corre el riesgo de trivializar la labor del TEPJF.

“Tenemos que definir claramente en qué medida puede implementarse en el ámbito de nuestras competencias para poder garantizar que efectivamente demos cumplimiento a la expectativa. Para ello, el primer paso es definir nuestros objetivos. Sin duda alguna, el modelo de Justicia Abierta tiene el propósito de regenerar la relación de las instituciones de impartición de justicia con los justiciables y con la ciudadanía, y fortalecer esta relación en términos democráticos”, aseguró.

Sánchez-Cordero Grossmann indicó que se debe partir de un diagnóstico incontrovertible, ya que existe una distancia entre la ciudadanía y las actividades políticas; entre la ciudadanía y el ejercicio del poder; entre la ciudadanía y la toma de decisiones del Estado. Pero, “sobre todo, entre la ciudadanía y su percepción de justicia, y tenemos que reparar o en algunos casos construir por primera vez ese vínculo”.

En la mesa, moderada por Yuri Zuckermann, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del TEPJF, participaron Cintia Smith Pusseto, investigadora del Departamento de Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey y Jorge Arturo Cerdio Herrán, jefe del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Por otra parte, al moderar los trabajos de la Mesa 2: “Tribunales locales y experiencias de Justicia Abierta”, el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM), César Lorenzo Wong Meraz, indicó que los órganos jurisdiccionales de los estados están trabajando para estar preparados para que el proceso electoral de 2018 salga muy bien.

“Los tribunales electorales de los estados están haciendo o estamos haciendo bien nuestro trabajo y de la mano de los órganos administrativos locales, de las fiscalías, pero sobre todo del Instituto Nacional Electoral (INE) y del TEPJF, para que las cosas para en el 2018 nos salgan muy bien, estamos preparados”, subrayó.

Wong Meraz detalló que son 124 magistrados en todo el país en los tribunales electorales, entre las 32 entidades federativas, mil 300 trabajadores en el mismo, de los cuales el 100 por ciento de los asuntos que se impugnan somos autoridad primaria y única, ahí se quedan; de ese 30 por ciento que se impugna y se viene de los tribunales federales a las salas regionales o a la Sala Superior, tenemos en general un 91 por ciento de ratificaciones.

En la mesa participaron Nora Leticia Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo; Everardo Vargas Jiménez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y Jacques Adrián Jácquez Flores, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, quienes hablaron sobre las diversas acciones realizadas para establecer una cultura de la Justicia Abierta en sus respectivos tribunales, a fin de lograr una mayor transparencia y apertura con la ciudadanía.