• El Estado no esclarece los hechos, ni asume su responsabilidad por la masacre ocurrida en Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006

• El Equipo Argentino de Antropología Forense efectúa extracción de ADN y análisis genético para identificación de osamentas

• Estado responsable por acción y omisión según denuncia ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento

A cuatro años de la Masacre de Viejo Velasco, pequeño poblado ubicado en el corazón de la Selva Lacandona, el Estado no esclarece los hechos, ni castiga a los responsables materiales e intelectuales del 13 de noviembre de 2006, día de la brutal agresión a la comunidad indígena tseltal, tsotsil y ch’ol de Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas, perpetrada por un grupo de 40 personas provenientes de la vecina comunidad Nueva Palestina, acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial.

En este evento, cuatro indígenas resultaron muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz) y cuatro más desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo).

Como consecuencia de esta masacre, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa, 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, sobrevivientes del ataque. Posteriormente, el 30 de abril de 2010, murió como consecuencia de estos hechos, la Petrona Núñez González, hija de Pedro Nuñez y hermana de María Nuñez, desaparecido y asesinada respectivamente.

Cabe señalar que Petrona Nuñez, el día del ataque en Viejo Velasco, fue secuestrada por los agresores, durante dos días y amenazada de muerte.

El evento se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en el corazón de la Selva Lacandona, inscritos en el ámbito de los Derechos de Pueblos Indígenas.
En los momentos de la masacre se había generado una situación de tensión social e incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra de más de cuarenta comunidades, ocasionada por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, que se encuentra ubicada en los límites de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

Por los hechos ocurridos, y ante la ineficacia de las investigaciones por parte de la Fiscalía Zona Selva (ahora Fiscalía de Distrito Selva), el 6 de julio del 2007, la Comisión Civil de Observación para el caso Viejo Velasco, junto con los familiares, recorrió la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco -porque según el testimonio de un sobreviviente, en ese camino quedaron los cuerpos de los desaparecidos- y encontró osamentas que según los familiares, por las prendas que yacían junto a ellas, son las personas desaparecidas el día de la masacre.

Del hallazgo de las osamentas, se dio parte al Ministerio Público de Palenque, para el levantamiento de los restos y para la práctica de los peritajes que permitieran conocer su identidad.

Debido al retardo injustificado y por la precaria e incompleta documentación por parte de la Fiscalía de Distrito Selva, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –expertos en peritajes forenses, con reconocimiento internacional- efectuara una investigación sobre el hallazgo.

El 12 de noviembre de 2009, el EAAF hizo entrega del dictamen pericial del título “Informe Forense sobre revisión de constancias forenses que integran el acta administrativa 001334/CAJ74-T2/2006”, que refiere sobre las deficiencias y la responsabilidad del Ministerio Público en el proceso adecuado para el levantamiento de las osamentas de los presuntos desaparecidos de Viejo Velasco, además relata que la evidencia biológica y no biológica ha sido precaria e incompleta, así como la documentación de la misma; tampoco se encontró documentación sobre cadena de custodia, o sea la manera en que las osamentas eran cuidadas, respetando las formalidades de evidencia jurídica y antropológica.

El 11 de junio, del presente año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), autorizó la intervención del EAAF, el cual en esta semana que está transcurriendo se encuentra realizando los estudios de las osamentas y la toma de muestras sanguíneas a los familiares de los desaparecidos para la identificación de las osamentas.

Cabe señalar que los familiares de los desaparecidos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ante la ineficiencia de los peritos oficiales, solicitaron desde el 08 de marzo del presente año a la PGJE la autorización correspondiente para la intervención de los peritos independientes del EAAF, durante tres meses las autoridades dieron evasivas a esta petición, evidenciándose un retardo injustificado en la respuesta de nuestra petición.

Ante toda esta impunidad, el 4 de noviembre de 2010, se presentó, ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, el caso de la Masacre de Viejo Velasco, para evidenciar y denunciar la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos ocurridos ese 13 de noviembre de 2006. Según la denuncia presentada, el Estado es responsable por:

– acción, por ordenar y efectuar, el 13 de noviembre de 2006, un operativo en la comunidad, tal y como lo confirma el mismo gobierno, en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); acción provocada por no resolver de forma justa y apegada al derecho internacional, la situación de reconocimiento y regularización de las tierras en la comunidad de Viejo Velasco y en la Zona del Desempeño;

– omisión, ya que a pesar de las advertencias enviadas a las instancias de los gobiernos federal y estatal, por el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Maderas del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otras organizaciones, acerca de los riesgos de agresión violenta en la zona, el Estado hizo caso omiso y nunca intervino en prevenir y resolver una situación que diariamente se tensaba; además de ello, después de los indignantes hechos, las investigaciones oficiales resultaron insuficientes e ineficaces, y hubo un largo retardo injustificado para proporcionar los resultados de los análisis a las osamentas de los restos encontrados el 6 de julio de 2007, así como la obstaculización para la intervención de peritos independientes.

La masacre en Viejo Velasco provocó una múltiple violación a los derechos humanos más elementales, como son: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la inviolabilidad de domicilio, a la prevención y protección contra el desplazamiento, a la propiedad, a la residencia, a la vivienda adecuada, a la tierra y territorio, al resguardo de recursos naturales; derechos de las mujeres y, en particular, los derechos de los niños y las niñas víctimas; derechos contemplados en diferentes instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, mismos que tienen carácter vinculante, siendo entonces Leyes Supremas, como lo prevé el artículo 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.