* Reafirma compromiso de acompañar a víctimas en demandas de justicia, verdad, construcción de memoria, reparación y garantías de no repetición

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) exhortó respetuosamente al Ejecutivo Federal a aceptar la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que sean víctimas de violaciones por el Estado, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de México.

Luego de refrenda su solidaridad con los familiares de las miles de personas desaparecidas en el país, demandó a las autoridades encarar de manera integral y con responsabilidad ese flagelo e insistió en el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.

Llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares y para que atiendan las propuestas que sobre este tema ha formulado, especialmente las contenidas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México dado a conocer por la CNDH en abril de 2017.

De manera especial subrayó la importancia de reconocer el problema e implementar conforme a estándares internacionales para el adecuado registro de los casos que sobre personas desaparecidas, sean denunciados ante las autoridades correspondientes, el cual necesariamente debe distinguir los que propiamente impliquen desaparición forzada de los atribuidos a particulares o a miembros de la delincuencia organizada, así como de las personas cuyo paradero se desconoce.

Además, cumplir con las recomendaciones formuladas a nivel internacional en esa materia y asignar los recursos suficientes para la debida implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Para la CNDH, México enfrenta un problema estructural en la atención del tema de desaparición de personas, derivado de factores como la falta de profesionalización de las autoridades que deben atenderlo, a lo que se suma la impunidad, violencia, inseguridad y corrupción de algunos servidores públicos, problemática que se incrementa con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en distintas zonas del territorio nacional.

De igual manera, señala que la desaparición de persona subsiste como consecuencia de la falta de procuración de justicia pronta y expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces, profesionales y sustentables para la localización de las víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Preocupa a la CNDH, la falta de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y localización de las víctimas por el Ministerio Público, lo que patentiza la necesidad de que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, ubicar su paradero, investigar conductas delictivas, identificar a los responsables, lograr que se les sancione y proporcionar a sus familiares un trato digno, sensible y respetuoso.

También debe atenderse la problemática que deriva en el aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados.

La CNDH reconoce los esfuerzos de colectivos, organizaciones civiles y personas que han provocado que el tema de las desapariciones en México forme parte de la agenda nacional y que las voces de la sociedad se sumen a la exigencia para que el Estado mexicano frene la violencia que existe en ciertas regiones del país y, en consecuencia, la desaparición de personas.

De la misma manera, esta Comisión Nacional reitera que el Estado Mexicano tome en cuenta al diseñar y elaborar sus políticas en torno al tema de la desaparición de personas, las siguientes consideraciones:

– La necesidad de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita a la brevedad el Programa Nacional de Búsqueda.

– La conformación en su totalidad de las Comisiones Locales de Búsqueda, asumiendo las entidades federativas la responsabilidad que les corresponda.

– La creación en su totalidad, en el ámbito de los órganos de procuración de justicia locales, de las respectivas Fiscalías especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

– Canalizar los recursos presupuestarios necesarios para que las diversas instancias contempladas en la Ley General, puedan cumplir cabalmente con sus funciones.

– Contar con un eficiente Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que permita distinguir las desapariciones forzadas, de las atribuidas a particulares o miembros de la delincuencia organizada.

– Profesionalizar a ministerios públicos, policías, peritos y a todo personal que participe en labores de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas.

– La necesidad de llevar a cabo procesos de armonización legislativa en materia de desaparición, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, en la normatividad en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de conformidad con la Ley General en cita y con lo estipulado en la Convención Internacional.

La CNDH reafirma su voluntad y compromiso de mantener su acompañamiento a las víctimas de desaparición de personas en sus demandas de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición.