* Deja a las víctimas y a sus familiares en abandono: Eslava Pérez

* Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Gobierno del Estado de Coahuila, por hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, en Allende, Piedras Negras y zona norte de Coahuila

Allende, Coahuila.- La desaparición de personas es un flagelo que, a pesar de algunos avances registrados, desafortunadamente aún estamos lejos de dimensionar y atender adecuadamente, porque subsiste la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización y sanción de los responsables de este delito, señaló Ismael Eslava Pérez, primer visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lo anterior, agregó, refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país y, particularmente, en las entidades federativas, que coloca a los agraviados y sus familiares en estado de abandono y revictimización, haciendo nugatorios sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

A más de un año y medio de que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las disposiciones de dicho ordenamiento aún no son plenamente vigentes.

Afirmó que se requiere materializar su contenido mediante la voluntad política de las instancias de gobierno, que se refleje en la profesionalización de los servidores públicos encargados de su aplicación y la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, principalmente en los gobiernos locales, para que las comisiones locales de búsqueda, fiscalías especializadas y áreas de servicios periciales cumplan sus funciones.

Al acudir con la representación del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Gobierno del Estado de Coahuila, por los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende y hechos posteriores en Piedras Negras y zona norte de Coahuila, expresó la solidaridad del organismo Nacional a familiares de las víctimas.

Eslava Pérez recordó que por este caso -en que personas de una organización delictiva irrumpieron en 40 residencias y siete ranchos, donde además de saquear, derribar y prender fuego a las propiedades, privaron de la libertad a casi 300 personas, así como por los hechos acontecidos en el municipio de Piedras Negras- la CNDH emitió la Recomendación 10VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador de Coahuila, al fiscal General de la entidad y al presidente municipal de Allende.

En la Recomendación se estableció la necesidad de ofrecer una disculpa pública a las víctimas indirectas como parte de un compromiso ético, moral, jurídico y político de orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, para evitar que casos como éstos se repitan, con independencia de la obligación de las autoridades de investigar los hechos para que los responsables sean sancionados, por lo que reiteró el compromiso de la CNDH para dar seguimiento puntual al cumplimiento de la misma.

Consideró que el reconocimiento público de responsabilidad y la aceptación a cabalidad de la Recomendación emitida por la CNDH muestran que las autoridades asumen el compromiso de implementar las medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, el establecimiento de garantías de no repetición y la elaboración de un censo de las personas desplazadas, como se recomendó.

La disculpa no basta para reparar el profundo daño moral y material ocasionados a las víctimas, ni para paliar el dolor y la indignación, pero este acto crea conciencia, a través de la memoria histórica, de la no violencia y el respeto a los derechos humanos, y sienta precedente ante la sociedad coahuilense y la opinión pública nacional de que hechos como los ocurridos en Allende y zona norte de Coahuila son inaceptables y la sociedad requiere acciones contundentes para erradicar el flagelo de la desaparición de personas, subrayó.

Ante personal de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, y del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, destacó que debe determinarse el paradero de las víctimas y atender los legítimos reclamos de sus familiares para que el acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición lleguen a todos los casos y se recupere la paz y la confianza en las instituciones.

Eslava Pérez señaló que la sociedad requiere la que corresponda a un Estado Democrático de Derecho, para consolidar una sociedad libre de violencia en que imperen la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos, el diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias por las vías institucionales.

Estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila; Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la SEGOB; Antero Alvarado Saldívar, alcalde de Allende y Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, así como integrantes y representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Luego de saludar la Recomendación 10VG/2018 emitida por la CNDH en este caso, Sánchez Cordero manifestó el compromiso del Gobierno Federal para cumplir los puntos recomendatorios que la integran, así como reparar el daño a las víctimas, toda vez que en ella quedaron de manifiesto las omisiones en las que incurrieron las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los habitantes de Allende, a pesar de que supieron con anticipación que integrantes del crimen organizado preparaban un ataque contra la población.

Por su parte, Riquelme Solís reconoció que algunos puntos de la Recomendación emitida por la CNDH todavía no han sido atendidos, por lo que expresó su disposición para lograr su total cumplimiento con la participación de los familiares de las víctimas, expertos y autoridades del Gobierno Federal.