* Luis Raúl González Pérez afirma que defienden derechos, no privilegios, al participar en la mesa “La CNDH y la 4T”, organizada por el Colmex

Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que defiende derechos, no privilegios, y su objetivo fundamental es que se respete la dignidad de las personas y en esta materia no puede haber adversarios, aunque cambien los gobiernos o los regímenes en el país.

Al participar en la mesa redonda “La CNDH y la 4T”, organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), agregó que la naturaleza de una institución que surgió a instancias de la sociedad civil no ha cambiado ni cambiará, de ahí que debe fortalecerse su autonomía para que se mantenga como contrapeso del poder.

El respeto a los derechos humanos no es potestativo, sino obligación de las instancias del Estado mexicano, y los gobiernos por sí mismos no pueden ser sus propios vigilantes sobre el respeto a los derechos fundamentales, en especial cuando el país enfrenta tres binomios de problemas: pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad, así como debilidad institucional, enfatizó.

Desde el inicio de este acto académico, el ombudsperson nacional precisó que el título de la mesa “La CNDH y la 4T” no es de confrontación, sino un espacio de diálogo, interlocución y colaboración.

En este contexto, aseguró que “los organismos públicos de Derechos Humanos no somos adversarios de los gobiernos, somos coadyuvantes, queremos colaborar, interactuar, coordinarnos, pero también ser muy puntuales cuando observamos que se rebasan los estándares de respeto de los derechos humanos”.

Ante Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y Mariclaire Acosta, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, con quienes compartió la mesa que fue moderada por el académico Sergio Aguayo, puntualizó que la CNDH no es adversario de nadie y actúa ante la omisión, displicencia o incapacidad de las autoridades ante actos que violan derechos humanos.

“No queremos confrontaciones con los gobiernos; no es la intención de la CNDH; es colaboración, interacción y, en todo caso, si hay argumentos en contra que prevalezcan ante una Recomendación están los canales adecuados, pero creo que no ayudan al desempeño de las instituciones las descalificaciones genéricas”, indicó.

Luego de comentar que hay gobiernos que no les gusta se les observen las violaciones de derechos humanos que cometen las personas del servicio público, explicó que esas tensiones dependen del grado de entendimiento de la pedagogía del ombudsperson, que solo busca el cumplimiento del Estado de Derecho y de la ley, sin entorpecer la función gubernamental; al contrario, con el señalamiento de observaciones se contribuye de mejor manera al mejor gobierno.

González Pérez apuntó que si el objetivo de todo gobierno democrático es el respeto de la dignidad y el objetivo de la CNDH es el mismo, entonces no hay agravio cuando se pide el respeto a las dignidades.

Agregó que si la interlocución, colaboración y diálogo que el organismo Nacional tiene con la Subsecretaría de Derechos Humanos se extiende a todos los niveles, desde las más altas autoridades de poder, gobiernos federal, estatales y municipales, estaremos construyendo un verdadero Estado democrático sustentado en derechos humanos.

Reconoció que las instituciones públicas de derechos humanos son perfectibles; sin embargo, son una necesidad para el Estado mexicano ante la crisis de derechos humanos que se genera por el incumplimiento de los gobiernos a las recomendaciones, así como por la no aceptación de las mismas, que tiene costos políticos como consecuencia.

Las y los ombudsperson en el mundo, su magistratura de opinión, es en función de que tiene costos para los momentos en que se les elige, y ahí juegan un papel primordial los congresos, la sociedad civil y las instituciones nacional y locales de derechos humanos que no pueden ejercer su atribución si no tienen una interacción profunda, rica, con la sociedad. No se puede pensar ninguna función pública, de gobiernos o instituciones autónomas, sin la participación de la sociedad civil.

A su vez, Encinas Rodríguez refrendó el compromiso de la presente administración de respetar la autonomía de la CNDH, así como de aceptar y cumplir las recomendaciones que emita; y aclaró que en el Gobierno Federal no existe iniciativa alguna para desaparecer o debilitar a este organismo Constitucional Autónomo; por el contrario, se le debe fortalecer, toda vez que juega un papel importante en la transformación del país.