* Advierte que la pretensión de aprobar hoy la Ley es improcedente de acuerdo al mandato del artículo 30 de la Constitución de la CDMX

* De realizarlo así, volvería a trasgredir los derechos políticos y humanos de la ciudadanía

Ciudad de México.- Ante el intento en el Congreso de la Ciudad de México de aprobar hoy la nueva Ley de Participación Ciudadana, la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex CDMX advierte vicios de origen que conducen a la ilegalidad e inconstitucionalidad de la legislación que se pretende aprobar, que además excluye de manera abierta a toda discusión pública.

Esta afirmación la observamos frente a la determinación de disminuir el porcentaje del presupuesto participativo, al contradecir todas las iniciativas presentadas que proponían el cinco por ciento y resolver en la Comisión Dictaminadora su disminución al tres por ciento del presupuesto total de las alcaldías.

Claudia Isela Guzmán González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX, explicó que la justificación de esta simulación la sostuvo el presidente José Martín Padilla Sánchez, expresando que dicha decisión fue tomada en un “gabinete”, tal como lo expresó el pasado viernes en la Comisión de Participación Ciudadana.

El grave riesgo de introducir el mecanismo de insaculación para integrar los comités de participación comunitaria, bajo el argumento de erradicar la cooptación de los partidos políticos en la conformación de los comités vecinales es discriminatoria y violatoria, al suprimir el derecho básico ciudadano de votar y ser votado de manera irrestricta, sometiéndolo a un procedimiento aleatorio y azaroso, sin que ello garantice que las personas sometidas a este proceso no sean clientelas políticas.

La determinación de asignar directamente a los comités la ejecución los recursos públicos del Presupuesto Participativo, es absolutamente improcedente, ya que el dinero público debe ejercerse conforme lo disponen las leyes en materia presupuestaria, e implica dar a los vecinos la calidad de “servidores públicos”, quienes en todo caso deberán someterse a la fiscalización y rendición de cuentas, sin que en muchos casos tengan la capacitación y experiencias necesarias.

Ello, puede generar un incentivo perverso para que sólo empleados o ex empleados del Gobierno puedan participar en lo que serían actos de simulación, que podrían derivar en falta de transparencia y corrupción.

El Congreso de esta Ciudad pretende presentar, discutir, aprobar en el pleno, remitir al ejecutivo para observaciones, esperar que el ejecutivo lo publique de inmediato en la Gaceta Oficial, en un solo día.

Lo que no se hizo en 10 meses pretenden hacerlo en tiempos que no respetan el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de México, ratificando la violación a los derechos ciudadanos mediante un artículo quinto transitorio que prevé convocar hasta el próximo año a la Consulta; sin explicar por ejemplo, donde quedarán los más de mil 200 millones de pesos presupuestados para este año, que deben ejercerse mediante presupuesto participativo. La Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX reitera que de persistir las violaciones al debido proceso legislativo, se dará lugar a la interposición de los recursos legales que sean pertinentes, incluyendo las instancias internacionales.