* Legisladoras y legisladores coincidieron en encontrar una salida digna para los mexicanos que fueron parte de dicho programa

Ciudad de México.- En reunión ordinaria, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside el senador Raúl Paz Alonzo, aprobó 20 dictámenes sobre puntos de acuerdo que le fueron turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Uno de ellos exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), elabore una ruta de trabajo que dé solución a la petición de devolución de los ahorros de los ex trabajadores del “Programa Bracero”.

En 1942, México y Estados Unidos de América firmaron un convenio internacional para regularizar la emigración de trabajadores temporales mexicanos hacia ese país del norte, conocidos como “braceros”, el programa se mantuvo hasta el año de 1964, y se tiene un estimado de cuatro millones 600 mil trabajadores mexicanos participantes.

En el convenio, señala la proposición, se estableció la deducción del 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores mexicanos a razón de su trabajo, debiendo ser devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales establecidas para ello. Lo cual, hasta el momento, no ha sucedido.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó un resolutivo a favor de los ex braceros. Dicha sentencia ordena al Ejecutivo Federal restituirles sus fondos de ahorro, más los accesorios legales correspondientes por todos los años transcurridos desde el inicio del programa referido.

La proposición pide a la Segob que, a la brevedad posible, realice un planteamiento de trabajo que contenga la ruta que se habrá de seguir para solucionar este problema y devolver los ahorros retenidos a los ex trabajadores de dicho programa.

También, se aprobó un exhorto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Política, así como al Secretariado Ejecutivo Nacional para que reclasifiquen las carpetas de investigación correspondientes a los años de 2013 a 2017, de la administración anterior y hagan públicos los resultados de esta revisión.

Además, piden investigar y en su caso ejercer acción penal contra los funcionarios públicos involucrados en la manipulación de las carpetas de investigación de la Ciudad de México. La proposición busca castigar el “maquillaje” sistemático de cifras, utilizado para aparentar que el nivel de criminalidad es significativamente menor.

Igualmente, se aprobó un dictamen que exhorta a la Segob y a la Secretaría de Economía a que informen el estado que guarda el procedimiento de aprobación del proyecto de la NOM-217-SCFI-2017, y en su caso, agilicen su aprobación. Dicha normatividad tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los establecimientos que se utilizan como refugios para mujeres, niñas y niños que son víctimas de violencia familiar y de género, en lo que hace a su operación, organización, estructura e infraestructura, además de instituir criterios bajo los cuales deberán conducirse los profesionales que brinden la atención a dichas personas.