Texto de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información sobre su campaña “No más poder” que oaxacaentrelineas pública a continuación: La campaña tiene como objetivo exigir al Congreso de la Unión que discuta, analice e incorpore la Iniciativa Ciudadana en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Los últimos acontecimientos que se han dado en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, demandan la participación de las organizaciones de la sociedad civil para que se regulen de manera adecuada estos mercados en beneficio de los usuarios y audiencias; se trata de una intervención en defensa de los contenidos del proyecto ciudadano de ley convergente, que ya es iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Hemos visto cómo los consorcios mediáticos intentaron supeditar las facultades del órgano regulador mediante una argucia legal que por fortuna fue rápidamente desactivada por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, Televisa y Dish de MVS mantienen una disputa por derechos de autor en los tribunales del Distrito Federal; sin embargo, en nada se vincula la controversia que mantienen dichos operadores con la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular lo relativo a la retransmisión de señales radiodifundidas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en forma por demás clara y precisa que las empresas de televisión de paga se encuentran obligadas a retransmitir la programación abierta de forma gratuita y sin costo alguno para los usuarios finales.

Por ello es altamente estimulante que la ministra Olga Sánchez Cordero, al dar entrada a la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal, haya dejado sin efectos el supuesto “requerimiento” del juez local, pues era un sinsentido que el órgano regulador hubiera renunciado en los hechos a emitir lineamientos en la materia, por una notificación malintencionada de un juez sin competencia, cuando ni siquiera los tribunales especializados tienen la facultad de suspender los actos reclamados dentro de los juicios de amparo promovidos en estos sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Ante una situación de esta magnitud nos corresponde como sociedad civil, oponernos a las estrategias que se impulsan desde los poderes fácticos para disminuir los alcances de la reforma constitucional de junio de 2013, de ahí la necesidad de impulsar esta campaña de promoción de la iniciativa ciudadana, ante el desinterés que hasta le momento han mostrado los grupos parlamentarios para dictaminar las iniciativas existentes en el Congreso de la Unión, bajo el argumento de que no se cuenta con el proyecto que corresponde entregar al Presidente de la República.