* Alertan CNDH y ombudsperson argentinos

* Estos organismos actúan por mandato constitucional y son contrapeso entre poderes

* Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Argentina-México

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó y expresó su preocupación por los ataques y descalificaciones a la labor de las instituciones protectoras de los derechos humanos en el mundo, que buscan debilitar su autoridad y minar sus capacidades.

Luego de señalar que dichas instituciones son claves para los Estados democráticos de derecho y actúan con base en un mandato constitucional y solo guardan los equilibrios entre los poderes y la convivencia democrática, agregó que los riesgos de decisiones unilaterales, significan un retroceso.

Dijo que es importante enfatizar la pertinencia de la autonomía de las instituciones de protección de los derechos humanos, como la CNDH en el caso de México y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, así como de las comisiones estatales y las defensorías provinciales de México y Argentina, respectivamente.

Al participar en el “Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Argentina-México. Trazos de una Ruta”, subrayó que esos dos sistemas de protección de los derechos humanos constituyen parte de la columna vertebral en esa materia en sus respectivos países, ya que significan la defensa de la legalidad contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria.

Por ello, es imprescindible que prevalezca la razón, que se comprenda a cabalidad cuáles son las responsabilidades de esas instituciones y su campo de acción, y que las autoridades asuman su irrenunciable obligación de proteger y facilitar los derechos humanos, agregó González Pérez.

Ante las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, enfatizó que “nuestras instituciones emanan de nuestras constituciones; nuestro mandato no es otro que ser un contrapeso sano a las acciones de los gobiernos; somos colaboradores estratégicos para hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas, sin distinción alguna”.

“Nuestras instituciones, dijo, tienen su fuerza en el plano moral y un impacto político sobre las acciones del Estado y de sus servidores. Así que, no siendo obligatorias sus recomendaciones, como sería una sentencia, éstas deben ser atendidas para que nuestro país consolide su Estado de Derecho y haga prevalecer los intereses de una sociedad democrática”.

Ante el defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor; el embajador de ese país en México, Ezequiel Sabor, y la directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Dolores Gandulfo, expresó que este encuentro permitirá fortalecer las tareas en temas como migración, niñez, prevención de la tortura y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como trazar una hoja de ruta con estrategias que fortalezcan la labor de protección a los derechos humanos.

González Pérez recordó que la tarea de los ombudsperson no es una ocurrencia caprichosa o que responda a intereses ajenos a sus investiduras, sino responde a las justas causas concretadas en alcanzar, sin distingo alguno, la igualdad, la libertad y la seguridad de todos los seres humanos.

En este encuentro, González Pérez y Alejandro Amor firmaron una Carta Compromiso entre la CNDH y la ADPRA, que permitirá trazar una ruta en la colaboración para llegar a estrategias que fortalezcan su labor de protección de derechos humanos en ambas naciones.

A su vez, Alejandro Amor destacó el debilitamiento de instituciones defensoras de los derechos humanos, que muchas veces los gobiernos y las corporaciones privadas las toman como molestia que hay que sacar del camino, a pesar de que su misión no es la de ser funcionarios que formen parte de un gabinete de un gobierno, ni la cabeza de playa de ningún partido político.

Por el contrario buscan la defensa integral de los derechos humanos desde el punto de vista establecido en cada una de las constituciones y de los tratados internacionales de cada país, por lo que México y Argentina deben impulsar el fortalecimiento, ampliación y desarrollo de las instituciones de derechos humanos en Latinoamérica y países en que se apagan estas instituciones por voluntad del poder político.

Aseguró que los derechos humanos deben estar en todas las obras y actividades, y nuestros organismos son los responsables de denunciar lo que se hace mal. Cuando las situaciones se van torciendo, tenemos la obligación de razonar y hacer razonar; criticó la comercialización en cuyo proceso hay también trabajadores que requieren de mejores condiciones de vida, y nuestra responsabilidad es desafiante, hay que plantarse frente al estatu quo, y no sólo con declaraciones.

Por su parte, Ezequiel Sabor comentó que los países no solo deben relacionarse desde el punto de vista económico-comercial, sino por la calidad de vida de sus habitantes. De ahí que Argentina y México tienen mucho que aportar en el intercambio de buenas prácticas, experiencias y soluciones para hacer realidad la justicia social, al aumentar y perfeccionar los derechos de cada uno de los ciudadanos, donde exista control y se vele porque se cumplan.

Namiko Matzumoto destacó la necesidad de diseñar políticas sobre los alcances nocivos de la discriminación, porque las desigualdades socioeconómicas impiden que algunas personas puedan ejercer y disfrutar de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que les provoca la necesidad de migrar.

En el tema de las niñas, niños y adolescentes, las obligaciones del Estado adquieren carácter reforzado, porque el interés superior de la niñez obliga a maximizar cualquier medida de protección tendente a favorecer los derechos humanos de ese sector de la población, apuntó.

También asistieron la secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño, y el secretario Técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Narro Lobo, ambos de la CNDH.