Comunicado donde pide cuentas a la Procuraduría de Oaxaca: EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El Comité Central y la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario por medio de este conducto hacemos saber a la Comisión de Mediación (Comed) que nuevamente gracias a su conferencia de prensa realizada el jueves 11 de noviembre, hemos tenido conocimiento del documento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les envió el 9 de octubre del año en curso reafirmando las conclusiones mencionadas en su recomendación 07/2009.

Del 24 de mayo fecha de la última comunicación con nosotros de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez al 9 de octubre del 2010 fecha en que la CNDH profundizó y ratificó sus conclusiones son ya 3 años, 4 meses y 14 días, una eternidad para padres, hermanos, y familiares que aún esperan saber en qué lugar del campo militar número uno los mantiene el ejército federal en cautiverio, ya que a ellos los entregó la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO).

Poco tiempo si lo comparamos con lo que ha tardado el Estado mexicano para reconocer el mismo delito de desaparición forzada cometido por su ejército federal en la persona de Rosendo Radilla, músico y compositor guerrerense. ¿Cuánto se tardará en reconocer y cumplimentar la recomendación hecha por la CNDH?

El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad e imprescriptible y es un delito que el Estado mexicano viene cometiendo de manera sistemática desde los años setenta, años de guerra sucia en contra de luchadores sociales de ese tiempo, guerrilleros que pertenecían al Partido de los Pobres y sobre todo con sus familias y simpatizantes, como es el caso ya emblemático de Rosendo Radilla; guerrilleros o luchadores sociales de la Liga Comunista 23 de septiembre como Jesús Piedra Ibarra por citar a uno de los más emblemáticos y nuestro compañero Joel Silva Aréstegui, jóvenes hombres y mujeres que continúan perdidos en el laberinto de la desaparición forzada.

Porque el Estado mexicano, su ejército federal y sus fuerzas represivas han cometido el delito de desaparición forzada con la más oprobiosa impunidad, imprescriptible ayer como hoy, las familias llevan sufriendo más de 30 años de dolor, más de 30 años de indignación y lucha por saber sobre su paradero, más de treinta años de exigencia a un Estado sordo, responsable en cada uno de sus representantes civiles y militares tales como es Luis Echeverría Álvarez vivo e impune, responsable directo, autor intelectual y la caterva de funcionarios que en complicidad con él cometieron el delito de lesa humanidad de desaparición forzada tales como los aún vivos y protegidos del ilegítimo Felipe Calderón que continúan cometiendo el mismo delito ahora como “asesores” de su gobierno en el área de “seguridad” razón por la que continúan impunes, en particular nos referimos a los torvos sujetos Alfonso Acosta Chaparro y a Miguel Nassar Haro por nombrar sólo algunos de esta caterva de asesinos.

La exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (solamente), fue una solicitud de la Comed, que atendimos porque comprendemos las limitaciones que les imponen sus múltiples ocupaciones, todas no menos importantes que la de mediación y porque a pesar de sólo mencionar a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez nuestra lucha es, ha sido y seguirá siendo por la presentación con vida y en libertad de todos los jóvenes hombres y mujeres, guerrilleros y luchadores sociales que a sabiendas de los enormes riesgos que corrían y continúan corriendo adquirieron y adquieren un compromiso consigo mismos, con la clase proletaria, campesinos y con los más miserables desposeídos, explotados sin tierra, sin trabajo, sin techo, sin sal ni pan, sin voz y casi siempre sin conciencia del por qué están en la situación en que se encuentran, sin conciencia plena de su capacidad y potencial fuerza, unidos, para terminar con esta inhumana situación y transformar no sólo las políticas neoliberales sino el sistema capitalista y alcanzar para el pueblo mexicano la JUSTICIA.

Justicia para este pueblo de México que ha luchado sin escatimar su propia vida contra el coloniaje y por su independencia, contra las invasiones fallidas sobre todo de Estados Unidos; contra la dictadura porfiriana en la revolución de 1910, contra los cacicazgos y el reparto del botín, pueblo de México utilizado como carne de cañón porque el sometimiento, el despojo, el analfabetismo y la miseria bajo las cuales continúa no han permitido salvo honrosas excepciones que tome las riendas de su destino y han sido los intelectuales orgánicos o pseudointelectuales, los terratenientes y caciquillos políticos señores de horca y cuchillo quienes han usurpado al estilo de “haiga sido como haiga sido” la representación del noble pueblo mexicano.

Pero retomemos el asunto que hoy nos ocupa, porque no basta que la CNDH confirme la comisión del delito de lesa humanidad de desaparición forzada cometido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y el Ejército federal con nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Hace falta que, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca lo reconozca, lo admita, se haga responsable y entregue a la justicia (¿existirá?) a quienes señalaron, a quienes detuvieron a Edmundo y Gabriel, a quienes los torturaron y entregaron al psicópata general hoy retirado Alfredo Oropeza Garnica.

Hace falta que el susodicho Alfredo Oropeza Garnica sea puesto a disposición de la justicia, sea llamado a declarar quién o quiénes le entregaron a Edmundo y Gabriel, en qué estado físico los recibió, qué hizo con ellos, en qué lugar del campo militar número uno se encuentran.

Hace falta que detengan y juzguen a quienes los están torturando y a quienes son los responsables de mantenerlos “desaparecidos” en plena y flagrante indefensión jurídica y declaren quién les dio la orden para infringir la ley y los derechos humanos de nuestros compañeros de esta manera.

Hace falta que a Ulises Ruiz Ortiz se le someta a un juicio penal y político (aunque la Suprema Corte de Justicia ya lo halla exonerado por su complicidad con el Estado Mexicano) y se le juzgue por los delitos de: desaparición forzada, delito de lesa humanidad cometido no sólo contra nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sino también contra Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, indígenas triquis y Lauro Juárez en el mismo estado de Oaxaca, luchadores sociales todos ellos.

Se le juzgue también por los delitos de detención sin orden de aprehensión, tortura, encarcelamiento y homicidio calificado de su propio pueblo movilizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el año de 2006, además del homicidio calificado de algunos de sus cómplices, ejecutores de sus órdenes para borrar evidencias y eliminar a los testigos.

No, no basta que la CNDH ratifique las conclusiones de su recomendación 07/2009.

Hace falta que la Procuraduría General de la República ejerza acción penal contra quienes son responsables, porque lo saben y los amparan porque son cómplices también.

Bajo estas consideraciones, solicitamos de manera atenta a la Comed continúe con el seguimiento puntual a la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, delito de lesa humanidad ya tipificado como tal e imprescriptible por la CNDH cometido por Ulises Ruiz Ortiz, a punto de dejar la gubernatura de Oaxaca con la complicidad y protección de Felipe Calderón Hinojosa, usurpador e ilegítimo presidente de la República Mexicana.

El objetivo es que las familias y amigos de nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, la militancia de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que se han solidarizado en la demanda por su presentación y el pueblo de México, conozcan el paradero de nuestros compañeros a quienes continuaremos exigiendo sean presentados vivos y en libertad.

Consideramos que a cada paso que ha dado la Comed en relación a esclarecer el paradero de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no ha encontrado una respuesta clara y contundente sin importar quién presida la Secretaría de Gobernación, no mencionemos por inútil la posición adoptada por la procuraduría militar del ejército federal.

Amamos la justicia, luchamos por ella para que ésta alcance a todos los luchadores sociales injustamente presos y al pueblo de México que se debate entre la miseria, la ignorancia, la corrupción y la impunidad propiciada por la burguesía (grupos de poder, poder fáctico, mafia, etc.) y sus gobiernos federal y estatales legales al mismo tiempo que ilegítimos y espurios como el de la República y el estado de Oaxaca en particular.

Amamos la paz, nos importa tanto la vida, como el respeto de la misma y de los derechos humanos, nos preocupan los miles de defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores que asumen los riesgos que su ocupación implican en este sistema y con este gobierno federal panista.

Y porque amamos la paz y la justicia aceptamos dar una tregua de manera unilateral, tregua que si bien no nos ha paralizado en ningún momento en relación a las diversas actividades de preparación político-militar que realizamos, para lo único que ha servido es para que este gobierno federal y sus instituciones consideren y se vanaglorien de tenernos neutralizados, así como también no dejen de intentar burlarse y abusar de la buena fe de personalidades como ustedes que ahora integran la Comed utilizando tácticas dilatorias para cansarlos, desalentarlos, intentar llevarlos a la frustración, al desinterés y al olvido lo cual no conseguirán, lo sabemos de antemano por sus trayectorias y su compromiso con la verdad y la justicia.

Al Estado mexicano no le importa si estamos en tregua o no, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y su ejército federal a la par que desarrolla “su guerra contra el narcotráfico” ha intensificado la formación de grupos paramilitares cuya función es “descabezar” los movimientos populares en un intento fallido (lo sabemos muy bien) de desmovilizarlos y paralizar tanto la organización y resistencia pacífica como el avance de la organización y coordinación de las organizaciones cuya forma de lucha es la lucha armada en un intento desesperado de tener una mayor sobrevivencia a costa de la mayor explotación y expoliación de la clase obrera, del despojo de las tierras antaño ejidales a los campesinos y su expulsión convirtiéndolos en desplazados hacia las urbes en donde engrosan los cinturones de miseria ya existentes y hacia el extranjero ya sea Estados Unidos o Canadá.

La tregua solicitada por ustedes y aceptada por nosotros está sirviendo para que el Estado escale sus tácticas contrainsurgentes y opere con mayor impunidad al continuar imponiendo su Plan Mérida, es decir Plan México, remasterizado del Plan Colombia que destruyó el tejido social de ese país sin lograr su objetivo principal: acabar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (lo que es difícil debido a su arraigo popular), pero sí dejar una estela de muerte, de desapariciones forzadas, de prisioneros de guerra, desplazados, viudas, huérfanos y padres sin hijos.

Son múltiples los argumentos que podríamos seguir dándoles acerca de la necesidad de suspender la tregua unilateral que hemos mantenido a petición de ustedes, no obstante, dejamos a su consideración la necesidad de continuar con esta loable encomienda, creemos que a pesar de lo que han enfrentado con el Estado mexicano son ustedes quienes deciden si pueden continuar con esta encomienda en el ámbito nacional e internacional o qué curso deben tomar, de todas maneras nuestro compromiso sigue en pie tanto con ustedes y nuestro pueblo.

Es también a través de ustedes que hacemos patente nuestro agradecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su firmeza en la reafirmación de sus conclusiones en la recomendación 07/2009 al gobierno del Estado de Oaxaca, al mismo tiempo que la instamos a iniciar la lucha porque sus recomendaciones se tornen vinculatorias y sean por ley obligatoriamente acatadas por las autoridades a las que estén dirigidas ya que sólo así alcanzarán la autonomía plena y dejará de ser un apéndice del Estado mexicano y sus gobiernos en turno.

A más de tres años de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no abandonamos la exigencia de su presentación con vida y en libertad, como nunca hemos abandonado a todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales del país, a los presos políticos y de conciencia y las demandas históricas e inmediatas de nuestro pueblo, quedando demostrado una vez más que aunque nos asesinen, repriman o desaparezcan no claudicaremos y menos traicionaremos los intereses y las luchas populares.

La lucha por la transformación radical de nuestro país sigue vigente y no es un asunto de caudillismo ni de buenas voluntades, mucho menos de liderazgos aislados de las masas, todo es un proceso colectivo y en permanente movimiento, que en estos momentos demanda con urgencia la unidad de todo el pueblo.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 46.
República mexicana, a 29 de noviembre de 2010.

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