La construcción de una sucursal de la empresa transnacional Bodega Aurrera en la comunidad, chocholteca de Tamazulápam, ha generado un intenso debate entre autoridades municipales, los representantes comunales y diversos sectores de este municipio enclavado en la Mixteca de Oaxaca.

Dentro de la población hay quienes opinan que se debe respetar el espíritu la reforma, recientemente aprobada, al artículo 2º de la Constitución mexicana que establece la obligación del Estado de realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Coinciden en la necesidad de que cualquier decisión se tome debe ser de manera informada, transparente y considerando los intereses colectivos del municipio.

Asimismo durante una reunión convocada por el Comisariado de Bienes Comunales, existe preocupación por la forma en que se habrían otorgado, por parte de las autoridades municipales, la licencia de construcción, para iniciar dicha obra ya que no existe, según ha trascendido, la manifestación de impacto ambiental.

Por lo tanto no hay información pública respecto a aspectos fundamentales como el uso de agua, el tratamiento de las aguas residuales, la generación de residuos sólidos, el impacto ambiental y los beneficios concretos que la empresa ofrecería a la comunidad.

Durante la asamblea, comuneras y comuneros señalaron que Tamazulapan enfrenta actualmente importantes retos en materia de servicios básicos, como el agua; la carencia infraestructura para tratar la contaminación que genere la operación del supermercado de Aurrera.

Entre ellos destacaron las deficiencias en el servicio de agua potable, una planta de tratamiento con problemas operativos, limitaciones en el manejo de residuos sólidos y necesidades urgentes en áreas como salud y educación.

Ante este panorama, los asistentes manifestaron que no se oponen de manera automática a la inversión privada, ni a la generación de empleos, empleos que también deben vigilar, pues esa cadena tiene cajas de autocobro, y se prescinde de seremos humanos, pues buscan maximizar ganancias con menos empleados y empeñadas, y sentencias.

La asamblea s manifestó porque todo el personal debe ser de Tamazulapám, pero si preocupa que se instalen sin acuerdos claros y que el presidente municipal solo haya entregado como cualquier trámite administrativo.

También desconocen si fue con algún acuerdo de Cabildo, consideran indispensable conocer el plan integral de operación de la empresa, así como los posibles efectos que tendría sobre los recursos naturales y la economía local.

Uno de los temas que más inquietud genera es el consumo de agua. Los participantes señalaron que antes de autorizar cualquier proyecto de esa naturaleza es necesario conocer los estudios técnicos correspondientes, la manifestación de impacto ambiental y las medidas que garanticen que el abastecimiento para la población no se verá afectado, primero las familias, pues en meses recientes el servicio básico de agua no está garantizado, todos los días hay falta del vital líquido.

Asimismo, comerciantes y productores locales expresaron inquietudes sobre la capacidad de competencia frente a una cadena de alcance nacional e internacional, no hay forma de competir con ese capital extranjero, diversos análisis económicos han documentado que las grandes cadenas comerciales suelen operar mediante economías de escala, amplias redes de distribución y fuertes capacidades de negociación con proveedores, factores que les permiten ofrecer precios competitivos que pueden transformar los mercados locales.

Enfatizaron que las ganancias de esa Transnacional  se van a el extranjero, está cadena es de capital Estadounidense, todos los días vemos como nuestros paisanos, oaxaqueños y de todo el país  son maltratados, humillado, incluso son asesinados en los centros de detención, ¿cómo es posible que queremos seguir alimentando esas empresas, que validan la política de Donald Trump?

Es decir pagamos porque nos destruyan y humillen incluso a qué maten, y su hablamos de macroeconomía, esas empresas someten a gobiernos, porque deciden precios de la canasta básica. Según se opinó en la reunión de comuneros.

Así mismo algunos comuneros propusieron que, en caso de concretarse la instalación de la tienda, se establezcan acuerdos formales que generen beneficios directos para la población.

Entre las propuestas planteadas destacan inversiones en infraestructura hidráulica, fortalecimiento de la planta de tratamiento y que quede operativa ni simulación, mejoras al relleno sanitario.

Apoyo a la ampliación y equipamiento de la clínica pública, construcción de espacios educativos para la Unidad Académica del Tecnológico y mecanismos reales que faciliten la incorporación de productores regionales a las cadenas de comercialización de esta empresa, no pueden sólo extraer los recursos naturales y económico de la región, deben cooperar, pues cualquier beneficio también los impacta a ellos.

Los asistentes coincidieron en que cualquier determinación debe surgir de un proceso de diálogo abierto, transparente y con información suficiente para toda la ciudadanía, privilegiando el derecho de la comunidad a conocer los alcances, beneficios y posibles impactos del proyecto.

La asamblea pidió se solicitar por oficio y de manera formal, información técnica y jurídica relacionada con la instalación del Grupo Walmart de México, y es obligación del Ayuntamiento dar respuesta.

Así también se buscará que cualquier resolución se apegue a la ley, la consulta debe ser previa libre e informada, se seguirán los procesos jurídicos de ley, el territorio no se puede entregar sólo por qué si, si la asamblea determina que se instala, está deberá generar los convenio necesarios de responsabilidad social para el pueblo, no podemos ser entreguistas de nuestro territorio a corporaciones extrajeras.

El debate continúa abierto entre quienes consideran que la llegada de nuevas inversiones puede representar oportunidades de desarrollo económico y quienes sostienen que primero deben garantizarse condiciones claras de protección ambiental, fortalecimiento de la infraestructura pública y beneficios tangibles para la población.