Miguel Ángel Schultz
La advertencia de una intervención armada de Estados Unidos a México ahora ya proviene del presidente estadounidense, Donald Trump, al considerar terroristas a los grupos de narcotraficantes, en sus declaraciones vertidas en entrevista transmitida por Internet con Bill O’Reilly, ex presentador de Fox News, en la que dijo que lleva trabajando “los últimos 90 días” en el proceso de denominar terrorista a una entidad, proceso que “no es tan fácil”. “Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso”, sin que podamos saber a qué se refiere con “proceso”.
La intención de Estados Unidos de ir creando las condiciones para una intervención armada en México no es producto de la administración de Trump, sino que viene desde los tiempos de Barack Obama, (presidente de Estados Unidos -del Partido Demócrata-, del 20 de enero de 2009 al 20 de enero de 2017), quien ejerció una fuerte presión hacia el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para penetrar los mandos militares que se opusieron a ello.
Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) estructuraron un plan de defensa militar denominado “Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto”, que establecía estrategias para la articulación, el desarrollo y el empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Desde luego que las condiciones mundiales no están para una aventura armada en nuestro país del Ejército de Estados Unidos, que se puede dar, pero el costo sería muy alto para el propio Imperio, por los más de tres mil kilómetros que tenemos de frontera con él, además de la presencia de 36 millones de mexicanas y mexicanos que viven ahí, lo que provocaría una inestabilidad demencial. Además que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica mundial.
Frente a este panorama, México ha tendido la línea de contención, la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador que de forma tajante y pública ha manifestado su rechazo a esa intervención armada, aun en cooperación como ha pasado con otros países.
Estados Unidos posee unas 800 bases militares en el mundo, de las que 76 están en América Latina; 12 en Panamá; 12 en Puerto Rico; nueve en Colombia y ocho en Perú, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y El Caribe.
Entre los hechos delictivos que se han registrado este año en el país sobresalen los que se enumeran a continuación y que seguramente servirán como soporte a la postura belicista del Gobierno de Estados Unidos.
Lo cierto es que diversos hechos sangrientos se han registrado este año, el primero del Gobierno de la Cuarta Transformación que preside López Obrador, empezando por la explosión del ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, el viernes 18 de enero de 2019, que dejó un saldo final de 132 muertos, según recuento a 35 días de ocurrida la tragedia. Sobre los orígenes de la conflagración, algunos testigos afirmaron que antes de la explosión se vio una luz de bengala que cayó donde estaba la gente empapada en gasolina llenando depósitos para llevársela.
La noche del viernes 19 de abril, sujetos armados asesinan a 13 personas, entre ellas a un menor de dos años de edad, en el salón de fiestas “La Potra”, ubicado en la colonia “Obrera” del municipio de Minatitlán, Veracruz. Cifra de fallecidos que se elevó a 14 al morir una persona más cuando recibía atención médica.
Posteriormente, en Coatzacoalcos, Veracruz, un comando armado ametralló a las personas que se encontraba en el bar “El Caballo Blanco“ y luego le prendió fuego, dejando un saldo de 23 personas asesinadas. Hecho registrado el 28 de agosto 2019.
Luego, el lunes 14 de octubre, 13 elementos de la Policía Estatal de Michoacán fueron asesinados en una emboscada, cuando realizaban un mandato judicial en Aguililla. Los policías se encontraban en la localidad “El Aguaje”, cuando civiles armados dispararon en su contra. La dependencia confirmó la muerte de 13 elementos, además tres resultaron heridos.
El 17 de octubre, se da la ocupación de Culiacán, capital de Sinaloa, por gatilleros de grupos armados de narcotraficantes ante la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, por parte de las fuerzas armadas de México, que tuvieron que liberar y dejar huir a los alzados en armas, ante la amenaza de matar a familiares de los militares y algunos elementos más que tenían en calidad de rehenes.
Es en este clima de incapacidad de las autoridades del Gobierno de México para contener la violencia, que son asesinados nueve integrantes de la colonia LeBarón, tres mujeres y seis niños, lo que se vuelve un detonante de indignación en Estados Unidos.
Precisamente, miembros de esta colonia, seguidores de la religión mormona, son los que inician el trámite ante el Gobierno de Estados Unidos para que se considere terroristas a los grupos armados de narcotraficantes.
@MiguelAschulz