Indicó que la desaparición forzada e involuntaria de personas es una grave violación a los derechos humanos, un delito que ha persistido pese a los múltiples señalamientos de organismos nacionales internacionales de defensores de derechos humanos, “a principios de año advertimos la gravedad de la situación por el número de casos y la impunidad que los caracteriza”.
Explicó que para combatir este delito presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, sin embargo, atendiendo propuestas de organizaciones de la sociedad civil, posteriormente llevó ante el pleno del Senado el proyecto de una Ley General en la materia.
El Estado mexicano está obligado a tipificar el delito conforme a los Tratados Internacionales de los que es parte, como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señaló.
Recordó que en abril pasado en el Senado de la República se realizó el foro “Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión”, donde el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, dijo que lamentablemente el informe que el gobierno mexicano había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU “dejaba mucho que desear”.
Ello, dijo, porque las investigaciones realizadas no habían detenido y procesado a los responsables, ni tampoco se habían esclarecido tantos casos de denuncias por desaparición forzada de personas.
“En el mismo evento Santiago Corcuera, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, advirtió que la legislación mexicana debe tomar en cuenta que el crimen organizado busca deshacerse de personas en fosas clandestinas, una táctica que no sólo equivale literalmente al borrado de un individuo, sino que en su peor expresión representa una herida permanente, la peor duda: la ubicación final de cientos de víctimas”.
La senadora del PRD añadió que lamentablemente los llamados, las denuncias y las advertencias que expertos nacionales e internacionales hicieron al gobierno mexicano y al Congreso de la Unió n, no encontraron eco y las iniciativas que corrigen el tipo de delito y permitirían reducir drásticamente la impunidad, están detenidas en comisiones legislativas.
Es momento de asumir responsabilidades, mostrar sensibilidad y voluntad política por parte de todos los grupos parlamentarios, especialmente del partido en el gobierno, y aprobar las iniciativas contra la desaparición forzada e involuntaria de personas, será el primer paso que, como Estado, demos para responder a las miles de víctimas de este terrible delito, concluyó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
