Eleva Senado a rango constitucional programas sociales y crea sistema nacional de salud para el bienestar

* Triunfo histórico de la sociedad mexicana; significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales

* Será de gran utilidad en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19, señalan legisladores

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

El proyecto de decreto fue avalado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

El dictamen reforma el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.

Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas y aquellas en condición de pobreza.

Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. En caso de personas indígenas y afromexicanas, este apoyo se otorgará, a partir de los 65 años de edad.

De la misma manera, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza. Esta medida pretende garantizar el derecho a la educación con equidad.

En el dictamen a la minuta se menciona que un estudio de impacto presupuestal, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que existen las condiciones económicas adecuadas para llevar a cabo esta reforma constitucional.

Calcula que se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante, “tomando en cuenta el escenario, en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) podrían solventar los recursos adicionales”.

Se precisa en el documento que el FASSA cuenta para este 2020 con 103 mil 371 millones 546 mil 526 pesos.

Al presentar el dictamen, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que se trata de una reforma “de gran calado” que garantiza el Estado de bienestar en la Constitución. Reivindica a los adultos mayores, toma en cuenta a las personas con discapacidad y apoya a los estudiantes de todos los niveles educativos, expuso.

Sin embargo, consideró que la parte fundamental es la creación del sistema nacional de salud. Opinó que esta reforma pondrá a prueba al Estado mexicano en materia de salud, además de que es de gran utilidad en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, mencionó que esta reforma constitucional es un triunfo histórico de la sociedad mexicana y “significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales como principio básico del Estado de derecho”.

Dijo que se consolida una política de Estado basada en el bienestar y en la decisión de transitar hacia una autentica sociedad democrática, solidaria incluyente y con plena vigencia de derechos para todas y todos por igual. Afirmó que el Congreso de la Unión se llena de gloria al impedir que los programas sociales vuelvan a ser utilizados como “carne de cañón electoral” de los más pobres de México.

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador José Alejandro Peña Villa afirmó que hoy sin duda es un día histórico, pues se concreta una demanda que durante muchos años han esperado los sectores vulnerables, “a quienes en otros momentos sólo utilizaban como botín político”.

Señaló que los programas sociales ya no serán dádivas y no se entregarán como favores a cambio de votos. Se reconocerá el derecho que tienen todas y todos los mexicanos a que se les retribuya un poco de todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho o han dado por el bien de México.

El senador José Erandi Bermúdez Méndez indicó que el Partido Acción Nacional quiere incluir en esta reforma a los trabajadores que se quedarán sin empleo ante la pandemia que enfrentamos. Como siempre, subrayó, los que menos tienen son los más afectados, muchos de ellos viven al día y si no trabajan no comen.

Que los ciudadanos que dejen su empleo sean incluidos en este derecho y que el gobierno pueda ayudarles a mitigar este problema. “Tenemos que garantizar sus derechos fundamentales y darles certidumbre ante catástrofes, como la que estamos viviendo. Debemos  que ser coherentes, solo así podemos ver de frente a la sociedad y decirles que somos su voz y que trabajamos para ellos”, subrayó.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, se dijo convencida de la buena intención de la reforma y de que el trabajo conjunto del Pleno puede ayudar a transitar hacia la construcción de la reforma que requiere el país. “Este dictamen debe verse como un punto de partida y no como uno de llegada”, señaló.

Afirmó que los derechos sociales son uno de los grandes orgullos de la historia del México moderno, los cuales nos colocaron a la vanguardia del constitucionalismo global y fueron el semillero de grandes instituciones. No obstante, indicó, el reconocimiento de derechos debe ser sólido para que los programas sociales transiten con eficacia a través del tiempo y no sólo durante unos cuantos años.

Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido se identifica plenamente con la reforma constitucional porque representa la lucha histórica de las fuerzas progresistas de México. “Cuando encontramos puntos de coincidencia, gana nuestro país”.

Aseguró que con la aprobación de esta reforma se está haciendo justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad, sin embargo, el gobierno Federal deberá actuar con responsabilidad para seguir en este camino. “Apostamos a que estos derechos sean progresivos”, sentenció.

Por su parte, la senadora del PT, Nancy de la Sierra Aramburu, aseguró que aprobando la minuta se logrará garantizar derechos los ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable, mismos que gobiernos anteriores no había podio otorgar, por ello, indicó, representa triunfo a favor del desarrollo social.

Aseguró que su bancada respalda la modificación porque con estas medidas se apoyará a cerrar la brecha de desigualdad y se construirá un verdadero derecho de bienestar en el país.

El senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, resaltó que lo más importante para los legisladores es el bienestar de los mexicanos y con esta reforma de fondo, se contribuye a enfrentar la desigualdad y abre oportunidades a los sectores más desfavorecidos.

Enfatizó que no existe mejor inversión que poner el presupuesto en el bienestar de la población, por lo anterior, exhortó a los grupos sociales a apoyar la iniciativa y apoyar una verdadera transformación.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que su Grupo Parlamentario respalda y acompaña este dictamen, ya que establece un sistema robusto de bienestar social. “Tenemos que avanzar en formas cada vez más efectivas de protección para las personas”.

Se está dando un paso muy importante, aseguró, para transformar los programas sociales en derechos fundamentales para la sociedad. Es un avance sustancial, porque con el nuestra Constitución será de avanzada y mucho más progresista, argumentó.

La senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano, afirmó que a través de esta reforma se avanza en la garantía de los derechos sociales, con una perspectiva universal y con miras en el bienestar general de la nación.

Es un paso adelante hacía un nuevo paradigma de la política social, el cual debe recuperar la sustancia de los derechos sociales consagrados en la Carta Magna, para avanzar a la universalidad e integralidad de la garantía y protección de los derechos de las y los mexicanos, puntualizó.

Posteriormente, senadoras y senadores de Morena, PAN y PRI propusieron diversas reservas de modificación, sin embargo, fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó en sus términos, presentados inicialmente.

jose

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