* Policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa dispararon al joven en la cabeza
* Pugnan por legislar este delito
Oaxaca Juárez, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 01/2021, caso Alexander Martínez Gómez: “Violencia policial que constituyó ejecución arbitraria de la vida, uso ilegal de la fuerza y la posterior falta de acceso a la verdad y la justicia”, dirigida al Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
En conferencia de prensa -en la que estuvo presente la familia de Alexander y el cuerpo jurídico que acompañó el caso-, el ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el organismo autónomo, el 9 de junio de 2020, alrededor de las 22:30 horas, la víctima en compañía de otros amigos se trasladaron en motocicletas a comprar refrescos y pizzas para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.
El grupo de adolescentes se dirigió a una tienda ubicada a menos de un kilómetro de su domicilio ubicado en Vicente Camalote, Acatlán de Pérez Figueroa, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan y cuando regresaban por la carretera El Amate-Acatlán, la patrulla oficial 023 de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa les cerró el paso atravesando la unidad en la calle por donde transitaban.
Posteriormente, con disparos lesionaron a Alexander Martínez Gómez en la cabeza ocasionando su muerte, e hiriendo a otro adolescente.
Ante este hecho, la Defensoría inició el expediente DDHPO/914/(26)/OAX/2020, que concluyó en la Recomendación 01/2021, realizada bajo estándares de derecho internacional, nacional y local, en materia de derechos humanos y, la misma, es el resultado de un extenso análisis de documentos, pruebas, informes y dichos de los servidores públicos involucrados, así como los testigos, tanto en el motivo por el que se registró la ejecución arbitraria, como durante el proceso de investigación.
Ante Virginia Gómez, Teodoro Martínez y Alexis Martínez -mamá, papá y hermano de Alexander-, y los abogados José Antonio Garibay y Roberto Villanueva, sostuvo que el objeto de la investigación de la DDHPO son las conductas desplegadas por las personas servidoras públicas, tanto de la policía municipal como de la autoridad que tiene a su cargo la investigación penal, y con ello acreditar si con esa actuación se cometieron violaciones a derechos humanos como lo fueron en el presente caso.
“Desde la Defensoría reconocemos que gracias a la lucha y participación activa de las víctimas indirectas Virginia, Teodoro y Alexis, y de sus representantes, se aportó información relevante diversa, que permitieron la conclusión del expediente DDHPO/914/(26)/OAX/2020”, resaltó.
Rodríguez Alamilla destacó que el documento señala la violación a los siguientes derechos humanos de Alexander Martínez Gómez, Virginia Gómez, Teodoro Martínez y Alexis Martínez Gómez, así como del Adolescente A:
Derecho a la integridad personal por uso ilegal de la fuerza; Derecho a la vida por ejecución arbitraria; Derecho a la verdad y Derecho al acceso a la justica -garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva-.
A su vez, Virginia afirmó que su hijo Alexander, no murió por un accidente, sino que fue víctima de violencia policial y Teodoro apuntó que a su hijo también le intentaron sembrar un arma de fuego para intentar desacreditarlo, pero gracias a un testigo se evitó su criminalización.
Por su parte, Alexis afirmó que al cuerpo de su hermano no le hicieron los estudios periciales adecuados. “No solo lo privaron de la vida, sino que por la actuación de la Fiscalía se le ha negado la justicia”.
El cuerpo jurídico integrado por Garibay y Villanueva sostuvieron que esta Recomendación es un paso importante para lograr la justicia y restitución de los derechos violentados. Además se comprometieron a continuar con el proceso hasta alcanzar la verdad y la reparación del daño, así como las garantías de no repetición.
En tanto, Fernando Coronado Franco, coordinador General de Defensorías, explicó que la falta de debida diligencia en las investigaciones, impidió a la familia contar con la verdad, por lo que es fundamental que el Congreso legisle en materia de ejecución arbitraria, puesto que no existe este delito en el marco jurídico mexicano y por tanto, tampoco sanciones, pese a la repetición de casos a lo largo y ancho del país.
