Impostergable implementar una política pública integral en materia de desaparición forzada: Cuevas Barrón

Senadora de la República
En 17 de los 32 estados se multiplicaron los casos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas
México, DF., 05-feb-2015.- En el marco del informe presentado por México ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, la senadora Gabriela Cuevas Barron comentó que son muchos los retos en esta materia, pero aclaró que el gobierno mexicano tiene la obligación ética y jurídica de avanzar en la resolución de los miles de casos que se han registrado en el país; obligación que no ha cumplido.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República señaló que la situación es grave si se toma en cuenta que tan sólo en cinco estados del país (Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Coahuila) se concentran el 50 por ciento de las desapariciones registradas, las cuales ascienden a 22 mil personas, según cifras oficiales.

“Algunas estimaciones indican que en 17 de las 32 entidades federativas se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte de elementos del Ejército Mexicano, policías y grupos paramilitares”, apuntó la legisladora.

Durante la presentación de los funcionarios mexicanos ante el Comité de la ONU, se mencionó que el país no cuenta con un registro específico de desapariciones forzadas y que hace falta un marco general en la materia. Al respecto, la senadora condenó los pocos avances que se han reportado y que “si bien se necesita reforzar el marco legal para dotar el Estado de mayores facultades, el gobierno debe cumplir con la obligación que tiene de esclarecer la desaparición de todas las víctimas y castigar a los culpables”.

Comentó que en casi todos los casos documentados por Human Rights Watch, en el estudio titulado “Los Desaparecidos de México”, se hallaron pruebas contundentes de que las autoridades no han adoptado las medidas básicas de investigación que podrían haber contribuido a encontrar a las víctimas de desapariciones o a las personas responsables de esos hechos.

Al respecto, Cuevas Barrón acotó que en dicho estudio se encontraron evidencias que sugerían que los mismos funcionarios, a menudo en colaboración con organizaciones delictivas, habían sido responsables de varias desapariciones.

“Es necesaria una ley general en la materia, pero igualmente importante es que haya voluntad política para que las autoridades pongan en marcha una política integral que esté encaminada a resolver todos los casos de desapariciones forzadas.

“Si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no establece un plan integral y efectivo para investigar las desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, muy probablemente estos casos continuarán ocurriendo y permanecerán en la sombra de la impunidad”, señaló.

jose

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