Oaxaca, Oax.- Los órganos de transparencia del país, y en particular el de Oaxaca, perfilan una propuesta de reforma constitucional a fin de fortalecer el marco, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como para reforzar la autonomía de los órganos de transparencia.
El Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IEAIP), Genaro Vásquez Colmenares, dijo que lo anterior se acordó luego de las reuniones celebradas por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) los días 9, 10, 20 y 31 de agosto.
Luego de la Tercera Reunión Extraordinaria Jurídica de la COMAIP, realizada en Guadalajara el pasado 31 de agosto, han sido incluidas en el documento que finalmente será entregado a la LXII Cámara de Diputados Federal para su análisis y posible aprobación.
En el documento que Oaxaca aportó figuran propuestas para dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI).
También, establecer principios que permitan armonizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública delineando una normatividad uniforme a nivel nacional, es decir, una ley general de transparencia que rija a nivel federal, estatal y municipal, de manera concurrente.
Esta normatividad tendría que unificar las características de los órganos federal y locales de la transparencia a fin de acabar con “asimetrías, dispersiones, confusiones e incluso contradicciones que fragmenten el ejercicio de este derecho fundamental”, lo cual fortalecería a todos los órganos garantes, “exigencia indispensable en los próximos cambios democráticos que exige el país”, señala el documento.
Con las reformas, se aclara, en ningún momento se pretende la creación de un solo órgano nacional, sino la existencia de un órgano federal y de 32 órganos locales, que, de manera concurrente, apliquen la misma normatividad en un marco de “auténtico federalismo”.
A fin de fortalecer a los órganos garantes se propone dotarlos desde la Constitución de la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, derecho de iniciativa en los asuntos de su competencia, derecho de imponer las sanciones que prevea la ley para el debido cumplimiento de las resoluciones, capacidad que no debe ser ilimitada ni interferir con sanciones establecidas en otras leyes.
Entre las sanciones se mencionan, para lo casos de menor gravedad: prevención, apercibimiento, extrañamiento; mientras que para casos más graves: suspensión temporal de funciones, multas y destitución e inhabilitación del cargo.