* Pide que se fortalezcan las acciones para prevenir la circulación y utilización ilícita de estos dispositivos
Ciudad de México.- La venta ilegal de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, comúnmente denominados “Jammers”, constituye un riesgo para la seguridad pública y el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la atención de emergencias, así como a la coordinación de las instituciones de seguridad y protección civil, advirtió la senadora Juanita Guerra Mena.
Por ello, es indispensable que las autoridades competentes fortalezcan las acciones de supervisión, investigación y sanción correspondientes, así como la coordinación interinstitucional para prevenir la comercialización, posesión y uso ilegal de estos dispositivos, agregó la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM).
Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Guardia Nacional que fortalezca la vigilancia, investigación y verificación de la comercialización, distribución y oferta de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, que realizan a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y cualquier otro medio digital, a fin de prevenir su adquisición y uso indebido.
También, exhortar a las autoridades de las 32 entidades federativas, particularmente a las Secretarías de Seguridad Pública, para que por medio de sus unidades de policía cibernética investiguen, monitoreen y denuncien ante la autoridad ministerial competente para coadyuvar en el combate a la comercialización, distribución y oferta ilícita de estos equipos.
Ello, señaló, al considerar los riesgos que estos dispositivos representan para la seguridad pública y las comunicaciones de emergencia, pues son frecuentemente empleados por la delincuencia para cometer delitos de alto impacto.
Los equipos comúnmente denominados “Jammers”, explicó en el documento que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente, son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, lo que impide la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, Internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
Guerra Mena destacó que la utilización de estos equipos puede provocar la interrupción de llamadas de emergencia, impedir la comunicación entre corporaciones de seguridad y protección civil, obstaculizar operaciones de rescate, afectar sistemas de localización y seguimiento de personas y bienes, así como comprometer la coordinación institucional en situaciones de riesgo o contingencia.
En consecuencia, enfatizó, su empleo representa una amenaza directa para la seguridad pública, la protección de la vida y la integridad de las personas.
A diferencia de otros productos electrónicos de libre comercialización, los equipos inhibidores de señal no tienen un propósito de uso ordinario o doméstico compatible con el interés público, y su función esencial consiste precisamente en bloquear el funcionamiento de las redes de comunicación autorizadas por el Estado, lo que genera afectaciones que pueden trascender del ámbito individual y repercutir en la colectividad.
Por tal motivo, acotó la legisladora, estos dispositivos no deben ser considerados mercancías de consumo común susceptibles de ser comercializadas de manera abierta e indiscriminada en establecimientos físicos o plataformas digitales, pues su adquisición y uso indebido pueden producir daños inmediatos a la seguridad pública y poner en riesgo la vida de las personas.
Recordó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor el Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal, para prohibir la utilización de bloqueadores o inhibidores de señal.
Sin embargo, añadió, en diversos sitios de comercio electrónico se comercializan de una forma tan común, sin importar lo que dispone el Código Penal Federal, y sin considerar que estos equipos son empleados por los grupos criminales para robar vehículos automotores en carreteras y evitar los sistemas de detección de los vehículos por parte de empresas y de las autoridades de seguridad pública.
Permitir su venta, como cualquier otro producto electrónico, facilitaría el acceso a herramientas potencialmente empleadas para la comisión de delitos y para la afectación de servicios estratégicos del Estado mexicano, advirtió la senadora.
