* Delitos en que convergen corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades

* Da a conocer Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz

* En Veracruz fueron halladas 325 fosas clandestinas; De enero de 2011 a diciembre de 2018 se exhumaron 180 cadáveres; 548 cráneos y 24 mil 238 restos óseos, de acuerdo con la Fiscalía estatal

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera insuficientes los esfuerzos que las autoridades en el Estado de Veracruz realizaron para abatir y aclarar la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares durante el periodo enero 2011 a diciembre de 2018.

Así como los delitos vinculados, que de acuerdo a las estadísticas, se han acumulado y la mayor parte no se han resuelto, junto con otros problemas que convergen, como la violencia, inseguridad, corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades, quienes con sus acciones u omisiones, permitieron que los perpetradores de tales conductas actuaran deliberadamente y sin consecuencias.

Así lo considera la CNDH en el Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz, situación que genera que los intentos por garantizar la procuración de la justicia estén de antemano condenados a superar enormes obstáculos.

Por ello, en el Informe pide a las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno implementar acciones tendentes a erradicar tan lamentables prácticas y realizar investigaciones exitosas para aprehender y presentar ante la justicia a los responsables de tan aberrantes delitos en una de las entidades federativas con más altos niveles de violencia en el país.

El Informe está dirigido al Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación (Segob), Senado de la República, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía General de la República (FGR), poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz, así como Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Estatal de Búsqueda y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, todas de Veracruz.

Este Organismo Nacional subraya la importancia de haber participado con grupos de familiares y amigos de las víctimas de esos delitos en sus esfuerzos de búsqueda y localización, lo que permitió hallar numerosas “fosas clandestinas” y movilizar a distintas instancias del Gobierno hacia la atención de ese flagelo.

De acuerdo con el Informe Especial y a los datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, en el período comprendido del 1 enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz registró el hallazgo de 325 fosas clandestinas en toda la entidad, donde se exhumaron 180 cadáveres; 548 cráneos y 24 mil 238 restos óseos.

De ellos, la autoridad pericial ha determinado que 148 corresponden a hombres y 48 a mujeres, lo que hace evidente la problemática existente en materia de identificación forense.

Llama la atención de este Organismo Nacional que, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 30 de abril de 2018, Veracruz ocupe el lugar número 14 a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas en su territorio, con 731 registros, de los cuales 207 corresponden al fuero federal y 524 al fuero común, cifra que contrasta con el importante número de restos óseos encontrados hasta la fecha en fosas clandestinas.

De los 207 casos del fuero federal señalados, 180 son del género masculino y 27 del femenino; los municipios de esa entidad con mayor incidencia en desapariciones de personas son: Veracruz 39, Xalapa 25, Coatzacoalcos 21, Córdoba 14 y Poza Rica de Hidalgo 11.

Y en cuanto al fuero común, de los 524 casos de personas desaparecidas en ese estado 388 son hombres y 136 mujeres. Los municipios con más casos de desaparición de personas son: Xalapa 135, Veracruz 41, Córdoba 33, Poza Rica de Hidalgo 17 y Orizaba 16.

En el Informe Especial, la CNDH hace 80 propuestas dirigidas a diversas autoridades, en los siguientes rubros: fortalecer el marco legal; aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas; asegurar la aplicación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas.

También, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; registro e identificación de personas desaparecidas; derecho a la participación de familiares; atención a víctimas y acceso a la procuración de justicia; asignar recursos y finalmente, el seguimiento de las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo para el cumplimiento de las propuestas realizadas.

En cuanto al contenido de las propuestas, las dirigidas al Congreso de la Unión y a la Segob, se refieren a promover la adecuación legal y normativa que se requiera, para asegurar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y funciones, la asignación de recursos etiquetados, anuales y progresivos para la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas en las entidades federativas como órganos que determinan, ejecutan y dan seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

A la Segob y a la Cámara de Senadores se les llama a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para mejorar la protección a los Derechos Humanos de la población de ese estado y el país, sin desconocer lo anunciado por el presidente de la República en ese sentido.

Y a la citada dependencia federal le pide fortalecer la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mediante acciones de coordinación entre las instancias de los tres niveles de gobierno que se encuentran involucradas en el cumplimiento de esos instrumentos.

También, incrementar el apoyo en la conformación y puesta en operación de los mecanismos de Ley para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, como el Registro Nacional, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, Registro Nacional de Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Protocolo Homologado de Búsqueda y protocolos previstos en el artículo 73 de la Ley citada; coordinarse con las autoridades del estado de Veracruz y de los 213 municipios que lo conforman y garantizar la operación de todas las herramientas que prevé esa Ley.

A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se le propone la sistematización, compulsa y depuración de los datos sobre personas desaparecidas que concentra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, para que sea herramienta eficaz.

Coordinarse con las autoridades estatales y municipales de Veracruz para integrar la información sobre registro e identificación de personas desaparecidas con que cuenten; y en coordinación con las autoridades federales y estatales, diseñar, establecer y operar políticas públicas y mecanismos de protección de familiares de víctimas de desaparición y testigos de los hechos.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le pide coordinarse con la FGR, Fiscalía de Veracruz, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y Comisión Estatal de Búsqueda para brindar atención a las peticiones de apoyo de víctimas directas e indirectas; a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, en coordinación con las autoridades de dicho estado y los 213 municipios, establecer estrategias de seguridad eficaces, encaminadas a prevenir, enfrentar y atender la desaparición de personas y delitos vinculados.

A la FGR, que en atención al principio de efectividad y exhaustividad, y al de debida diligencia, establezca estrategias y mecanismos de coordinación indispensables con la Fiscalía del estado para investigar, perseguir y asegurar que se sancionen esos delitos.

Al Ejecutivo estatal se le pide disponer la realización de un análisis de contexto o situacional de los aspectos relevantes para identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de esos delitos; y al Legislativo estatal, sobre asignación de recursos para la realización de acciones que abonen para que la entidad federativa legisle a la mayor brevedad en materia de declaración de ausencia de personas desaparecidas.

A la Fiscalía de Veracruz, sobre acceso a la procuración de justicia y derecho a la participación de familiares, realizar un inventario sistematizado y confiable de la totalidad de las averiguaciones previas y carpetas de investigación en esas materias; y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que a partir de las instrucciones que gire el ejecutivo Estatal, opere las estrategias de seguridad pública en coordinación con las dependencias federales y las instancias de seguridad de los 213 municipios, en la implementación de programas de gobierno en materia de seguridad pública.

Con el Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz, la CNDH reconoce, se solidariza y apoya los esfuerzos de colectivos de familiares de personas desaparecidas, de organizaciones de la sociedad civil y personas que han impulsado que el tema de las desapariciones en México forme parte de la Agenda Nacional en materia de derechos humanos.

Este organismo nacional de protección a los derechos humanos, estará atento al seguimiento de las observaciones formuladas en el presente Informe Especial y reitera su compromiso por continuar cumpliendo de manera decidida, con la promoción, fortalecimiento y defensa de los derechos humanos en el territorio nacional.