Miguel Ángel Luna López
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Es irreversible la determinación que tomó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el pasado 7 de febrero en torno al caso del municipio de Santiago Xanica, dado que no puede revocar sus propios acuerdos, “por lo que los inconformes se pueden quedar dentro de las instalaciones un año”, al menos que la reversión la hagan los tribunales electorales, afirmó el secretario Ejecutivo, Luis Miguel Santibáñez Suárez.
En entrevista con Miguel Ángel Schultz para el noticiero La voz de la Mañana, que transmite la estación la Voz del Pacífico, dijo que el Instituto ya presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes por privación ilegal de la libertad, delito que está considerado como grave.
Los funcionarios y personal retenidos en las oficinas del IEEPCO salieron del lugar por la fuerza, deteniendo a una de las personas que les impedía el paso, quien fue entregada a elementos de la Policía Bancaria.
Señaló también que a pocos días de pagar la nómina, correspondiente a la primera quincena de febrero, los hace responsables, de cualquier pérdida o daño al patrimonio del Instituto, ya que se encuentran apoderados de las instalaciones del IEEPCO, ubicado en la Heroica Escuela Naval Militar 1212, en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
El secretario Ejecutivo del IEEPCO recordó que algunos pobladores de Santiago Xanica –municipio de la región de la Sierra Sur-, solicitaron la terminación anticipada de mandato del presidente municipal, Ricardo Luria, pero en sesión del Consejo General acordó no validar la terminación anticipada ni la supuesta elección realizada.
Al retener los pobladores de Xanica que protestan y que se apoderaron de las instalaciones, tomaron una decisión errada al generar violencia por la retención del personal. “Este método de presión no va a influir en la decisión de las y los consejeros”, reiteró.
Recordó que para resguardar las instalaciones del órgano electoral de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca determinó colocar vallas metálicas en los accesos del edificio, pero fueron retiradas por los manifestantes, para entrar agrediendo, violentando, realizando destrozos y reteniendo a 35 funcionarios y funcionarias.
