Lamenta CNDH negativa del ejecutivo federal a aceptar Recomendación sobre estancias infantiles

* El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, lo invita respetuosamente a reconsiderar su decisión y darle cumplimiento

Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que, dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, el ejecutivo federal haya optado por expresar su negativa a que las cuatro dependencias destinatarias aceptaran la Recomendación 29/2019 sobre estancias infantiles.

En conferencia de prensa, agregó que además descalifica públicamente el trabajo de este Organismo Constitucional Autónomo, y reitera su intención de continuar con actos que desconocen el interés superior de la niñez, y los derechos de madres y padres trabajadores y/o tutores.

“Pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática”, puntualizó.

Ante dicha negativa y la naturaleza de los argumentos en que ésta se sustentó, la CNDH tiene la vía expedita para solicitar al Senado de la República que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes, así como para denunciar tales hechos y la perspectiva que tienen sobre los derechos humanos, en general; sobre el respeto a la institucionalidad democrática, ante los sistemas regional y universal de derechos humanos, y otras instancias internacionales, destacó.

Acompañado por el primer visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, expresó su deseo porque se replantee la postura del Poder Ejecutivo y que, honrando su compromiso reiterado por los derechos humanos, se atiendan el interés superior de la niñez y los derechos de madres y padres que están en condición de vulnerabilidad.

Ante ello, con el más estricto respeto a los ámbitos de competencia que la Constitución Federal asigna a cada orden de gobierno, llamó a las secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a reconsiderar la aceptación y cumplimiento de la Recomendación 29/2019, y expresó su disposición de trabajar conjuntamente para ello.

Para la CNDH, las principales víctimas que señala la Recomendación son las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y el rechazo al documento recomendatorio las revictimiza y, además, vulnera la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática que deberían imperar en el país.

El ombudsperson nacional respondió a la negativa de las mencionadas autoridades a aceptar esa Recomendación, que no vulnera ni promueve la violación a los derechos humanos; por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los transgreden.

Los pronunciamientos de este organismo Nacional, aseguró, no buscan atacar, desprestigiar o agraviar a los gobiernos, instituciones o persona alguna, sino lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneran se pongan en evidencia, queden sin efecto y se atienda a las víctimas.

González Pérez expresó su preocupación por la respuesta que dio el DIF Nacional al señalar que la CNDH “se atribuye la potestad de afirmar que sólo mediante las medidas que ella determina se pueden satisfacer los intereses superiores de la infancia, siendo que dicho margen de apreciación es potestad exclusiva de quien encabeza la rectoría estatal, a saber, el Poder Ejecutivo, por sí y a través de sus (sic) Administración Pública Centralizada y Paraestatal”.

Ante ello, enfatizó que la defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación constitucional y no una potestad discrecional de las autoridades, y la CNDH es el órgano del Estado mexicano al que, constitucionalmente, corresponde la protección de los derechos humanos frente a la autoridad y, para los efectos internacionales, es la institución nacional de protección de tales derechos del país.

“Sería sumamente grave –subrayó- que lo señalado en la respuesta del DIF Nacional fuera reflejo de la verdadera visión del Gobierno de la República sobre el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México, ya que ello implicaría dejar de lado la primacía de leyes, instituciones, del respeto amplio y debido de los derechos humanos, para que una vez más se hicieran visibles, en nuestra escena pública y política, las tentaciones vinculadas al autoritarismo y al desconocimiento del Estado de Derecho. Confiamos en que las cosas no sean de este modo”.

Lamentó que tales autoridades, en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como en elementos verificables, hayan optado por formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como por afirmar hechos que no corresponden a la realidad, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo.

Agregó que tales razones, más que justificar su negativa, evidencian desconocimiento de las leyes vigentes, y, en particular, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, y un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática.

Tras éstas y otras muchas consideraciones más sobre la negativa de las autoridades a aceptar la Recomendación 29/2019, la CNDH como institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, cuya vocación y justificación última ha estado en sus más de 29 años de existencia en el servicio a México y a las y los mexicanos, continuará con la atención de este caso.

Acompañará a las víctimas y ejercerá su papel como contrapeso institucional ante los abusos de poder, y proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan, ayudando a que, frente a las autoridades, se haga efectivo el poder de la población ante la arbitrariedad y la ilegalidad.

jose

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