* Es necesaria una política pública que atienda el desplazamiento forzado de periodistas.
México, DF., 07-feb-2015.- La Cámara de Senadores exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se adopten acciones para garantizar la seguridad y atención de periodistas que, como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión se ven en la necesidad de desplazarse de forma forzada de sus lugares de residencia.
En el punto de acuerdo que sustenta el dictamen avalado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que el derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática, por lo que la violencia ejercida contra los comunicadores es motivo de especial de preocupación.
En este sentido, expone que México está considerado como el país “más mortífero para las y los periodistas”, en donde las agresiones extremas se concentran en entidades con fuerte presencia del crimen organizado, el cual representa su mayor amenaza.
Asimismo, la ausencia de investigaciones concluidas por parte de las autoridades en la mayoría de los casos, impide determinar las causas y responsables de los crímenes, además que no hay una cifra oficial sobre el número de periodistas que han tenido que desplazarse a consecuencia de las amenazas que padecen y la falta de garantías por parte de las autoridades.
Por su parte, en el dictamen, las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos establecieron que en los últimos años el Estado mexicano ha avanzado significativamente en materia de protección de personas dedicadas al ejercicio periodístico, particularmente en el ámbito legislativo, como la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias, en el ámbito federal.
No obstante, algunos códigos penales locales conservan conductas sancionadas como delitos y son utilizadas contra periodistas para coartar el ejercicio de libertad de expresión.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del amparo directo en revisión 2044/2008, determinó declarar inconstitucional la Ley de Imprenta de Guanajuato, por contener el tipo penal de “ataques a la vida privada”, por considerarlo idóneo para generar censura a la libertad de expresión que ejercen las personas en los medios de comunicación.
De la misma forma, se explica en el cuerpo del dictamen, en 2012 se aprobaron adecuaciones al marco legislativo con el fin de que las autoridades conozcan también de los delitos del fuero común, cuando tengan vínculos con delitos federales o contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta; así como la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Y además, destaca la aprobación de una iniciativa de reformas relativas a la Protección de Periodistas, así como Personas e Instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
La propuesta se conforma por las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en el país en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra periodistas, recomendaciones hechas por ambas relatorías sobre la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que responda efectivamente a contribuir a garantizar su protección y el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, se considera necesario diseñar una política pública que atienda el desplazamiento forzado de periodistas que deriva del ejercicio de su profesión, que pone en evidencia las fallas del Estado mexicano como garante del ejercicio y respeto de los derechos humanos de las personas, que también falla en proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión.
